Sin embargo, desde el Equipo Argentino de Antropología Forense, a cargo del laboratorio de Genética Forense responsable del estudio en Córdoba, respondieron que no tienen información para aportar, que el informe sobre ADN no está terminado y que todavía no comunicaron nada a la familia, la primera que debería enterarse.

Lo que se sabía hasta ahora es que se trata de un cuerpo de un hombre joven. Fue hallado en avanzado estado de descomposición -”esquelético”- semienterrado en la zona del estuario de Bahía Blancoa

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, se trataba de restos “esqueletizados”, en un avanzado estado de descomposición, y “con al menos 90 días de antigüedad”, que fueron entregados para su análisis al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y a los expertos del EAAF, que fueron convocados por el fiscal federal del caso, Santiago Ulpiano Martínez.

Los investigadores encontraron el cadáver semienterrado en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villarino Viejo, en el mismo lugar donde días atrás personal de la PFA (por orden de la Justicia federal, no interviene la Bonaerense) había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven, que estuvo 107 días desaparecido.

Su familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento, según denunció el abogado Leandro Aparicio, que representa a la querella. “Si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí”, remarcó este sábado por la noche Aparicio al conocerse la noticia del hallazgo. “Tenemos certezas de que hubo un encubrimiento y certezas de quién ha ejecutado ese encubrimiento”.

El punto donde encontraron el cadáver es cercano al camino de las vías del ferrocarril que va a la localidad de General Cerri, a 14 kilómetros de donde la “Testigo H”, la mujer que declaró haberle dado un aventón a Astudillo Castro, dijo que lo dejó. Ese relato, que alejaba la versión de una desaparición forzada, fue fuertemente cuestionado por la querella.

En los últimos días, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó el pedido de detención de los policías bonaerenses Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Siomara Flores, que la familia de Astudillo Castro había solicitado.

Sosa y Curuhinca eran efectivos del Destacamento de Mayor Buratovich y fueron quienes retuvieron por primera vez a Facundo cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril pasado cuando caminaba por la Ruta 3 a pesar del aislamiento obligatorio por el coronavirus, y hasta se fotografiaron con él.

Un peritaje telefónico reveló la existencia de dos fotos del documento de identidad de Facundo en el teléfono de una agente bonaerense del Destacamento de Mayor Buratovich que lo interceptó el día de su desaparición, a pesar de que otros efectivos de esta misma fuerza declararon que el joven manifestó que llevaba una licencia de conducir como única identificación.

“Estaba en el teléfono de Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI y sólo le mostró el carnet de conducir. Evidentemente hay una contradicción: o Facundo le mintió o González miente”, explicó el viernes el abogado Aparicio a la agencia Télam.

Hace dos semanas, además, fue encontrado un objeto en el destacamento policial de Teniente Origone, donde la Policía Bonaerense había afirmado que nunca estuvo. Se trata de una esfera de madera pintada como una sandía que en su interior contiene una vaquita de San Antonio, que fue encontrada en un antiguo calabozo de la comisaría por el perro entrenado del perito Marcos Herrero, puesto por la querella.

“La Policía está para cuidarnos y no para ejercer violencia sobre nosotros o para hacer cosas peores sobre nosotros”, afirmó el mandatario nacional a radio La Red.

Durante la investigación, la mujer pidió el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, quien está al frente del caso, por considerar que actúa con “parcialidad” y “serias” irregularidades en el proceso, pero el planteo fue desestimado por la jueza Marrón.

“La violencia institucional es inadmisible. No hay espacio para la tolerancia. Valoro mucho la vigencia del estado de derecho. Creo que en Argentina es posible que funcione a pleno pero para eso hay que corregir cosas, como cuestiones en la justicia y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciarios”, aseguró Fernández esta semana durante una entrevista en Radio Futurock.