En el fallo se encomendó al juez del caso, Ariel Lijo, avanzar “con celeridad” para determinar la posible “participación ilícita por parte de otros interesados en dotar de fondos a la campaña electoral del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del año 2007” en el marco de la “matriz delictiva revelada”.
En su resolución, además, la Sala II del Tribunal de Apelaciones revocó el sobreseimiento con que se había favorecido al ex director de Lotería Nacional, Hernán Diez, por entender que no pudo haber sido ajeno a las maniobras y ordenó resolver su situación en base a esa conclusión.
También, el Tribunal de Apelaciones dispuso profundizar la investigación hacia otros aportantes cuestionados de la campaña del FPV de cara a las elecciones presidenciales del 2007, en la que compitió con la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, y evaluar si corresponde establecer más responsables a nivel político.
Por otro lado, la Cámara Federal porteña dispuso que el juez Lijo pida a su par María Servini copia de la declaración indagatoria del ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi -detenido como presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez- para determinar si aportó información sobre maniobras de lavado en la campaña electoral por parte de una de las víctimas de ese hecho, Sebastián Forza.
“Existió, alrededor de los hechos aquí analizados, una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia ilícita, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación de los fondos aportados a la campaña presidencial del año 2007 del Frente para la Victoria”, concluyó la Cámara.
En concreto, se procesó a los involucrados por aportes de procedencia ilícita por parte de las droguerías “Global Pharmacy”, “Multipharma” y “Seacamp”, por una suma estimada en un millón de pesos.
El ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007, Capaccioli quedó procesado por “lavado de activos de origen delictivo”, a raíz de aportes recibidos por parte de droguerías implicadas en la llamada “mafia de los medicamentos” y en condiciones de ser enviado a juicio oral.
También, en su resolución dictada hoy, la Cámara Federal porteña dejó firme el embargo de 3 millones de pesos sobre los bienes del ex funcionario.
En la misma resolución, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron además los procesamientos dictados por Lijo contra el ex legislador porteño Sebastián Gramajo y los empresarios farmacéuticos Carlos Torres y Gabriel Brito.
Sin embargo, revocaron el de la viuda de Sebastián Forza, Solange Bellone, y la dejaron con falta de mérito, por entender que pudo no estar al tanto del destino de los cheques entregados por su marido a la campaña electoral.
En tanto, al confirmar el procesamiento de Gramajo, la Cámara recordó que “era el responsable político de la campaña” y que fue quien firmó los recibos de los aportes hechos por las droguerías, que no pudieron justificar luego el origen de los fondos.
Además, sobre el ex director de Lotería Nacional, Hernán Diez, señaló que era “el responsable económico y financiero” de la campaña y que, como tal, estaba “al tanto de la naturaleza real, delictiva” de los fondos.
En la causa se investigaron aportes por parte de droguerías que, para Lijo, se hicieron con el objetivo de blanquear dinero proveniente de ilícitos.
Entre esos aportes, se contaba uno del asesinado Forza a través de su droguería Seacamp, por 200 mil pesos, a través de cuatro cheques fechados el 29 de octubre de 2007, cuando el empresario acumulaba más de 600 cheques rechazados por un total de 4,3 millones de pesos.
Los cheques que se entregaban a la campaña eran cubiertos con depósitos anónimos hechos por caja en efectivo antes de cada vencimiento, según pudo constatar la investigación. Brito quedó procesado por los aportes de su droguería Global Pharmacy y Torres por los de Multipharma.
