En el marco de la instrucción en Bahía Blanca contra el Juez Federal Alejo Ramos Padilla por presunto abuso de autoridad y amenazas, el Fiscal Gabriel González Da Silva comenzó a tomar declaración a los funcionarios judiciales bahienses que habrían sido coaccionados por el citado magistrado durante su subrogancia en el Juzgado 1 de aquella ciudad entre junio y diciembre de 2015. “Se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción, o no, de sucesos delictivos puntuales”, escribió el representante del Ministerio Público el último 16 de mayo al presentar su requerimiento contra el hombre que hoy instruye la causa por presunto espionaje ilegal y donde está imputado y declarado en rebeldía el Fiscal Carlos Stornelli.
Ya desfilaron ante el Dr. González Da Silva varios funcionarios, que ratificaron los principales conceptos que ya habían declarado en el sumario abierto por el Juez Héctor Plou durante 2016, alegando por parte de Ramos Padilla y su entorno una fuerte presión psicológica, acoso laboral, modificación drástica de condiciones laborales, y despliegue de tareas de vigilancia, entre otras acciones. Es que apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de 2015, el hoy Juez de Dolores decidió la apertura de una investigación interna llamada “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información”. Al momento de asumir, el Juez designó a una decena de personas ajenas a la jurisdicción proveniente de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal.
Los testimonios más destacados que brindaron en 2016 los funcionarios son: “La presión estaba y estuvo latente desde un primer momento, y nosotros sufrimos en los primeros tiempos presión psicológica y después directamente aprietes”; “Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos”; “Dicho personal realizó tareas de obtención de información en relación a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc) entre los empleados del Juzgado, para saber de qué lado estaba cada uno”; ““La llegada de Ramos Padilla se vivió como una intervención”; “En todo este tiempo, el Dr. Ramos Padilla llevó adelante un proceso que demandó mucho esfuerzo de parte nuestra, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Yo trabajaba de 8 a 20 hs, incluso sábados y domingos para poder cumplir con lo requerido por el Juez. Tampoco se respetó el período de lactancia de una empleada que había sido madre”.
Algunos de los funcionarios judiciales que cumplían funciones durante la subrogancia de Ramos Padilla eran Sonsoles García, Nair Ruppel, Eduardo Álvarez, Ramón Luayza, Susana Arrechea, Ana Araujo, Agustín Narvaez, y Estefanía Beltrán, entre otros. Uno de los testimonios de los últimos días apuntó a que la investigación interna que dispuso el juez en el Juzgado bahiense apuntó a una conocida estrategia kirchnerista: la imputación de personajes molestos en causas de lesa humanidad. En Bahía tramitaban varias de vital importancia para el kirchnerismo. A tal efecto, Abel Córdoba, reconocido miembro de Justicia Legítima y de extrema confianza de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, había sido nombrado sucesor del fallecido Hugo Cañón en causas de derechos humanos en la ciudad. A instancias del Dr. Córdoba fueron nombrados el 12 de marzo de 2013 como fiscales ad hoc- figura que para muchos juristas no está contemplada en la ley 24.946 del MPF para la designación de Fiscales- para entender en dichos expedientes Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia. Este último también fue nombrado por Gils Carbó como Fiscal subrogante en el Juzgado 2. Dispuesto este escenario, Alejo Ramos Padilla fue elegido el 18 de junio de 2015 por el Consejo de la Magistratura entonces dominado por el kirchnerismo para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.
Otro de las declaraciones brindadas en sede judicial en la flamante instrucción hizo hincapié en la presunta connivencia durante la subrogancia de Ramos Padilla entre el Ministerio Público Fiscal, los querellantes en las causas de lesa humanidad y el Consejo de la Magistratura. Maniobra a la que se habría sumado la seccional Bahía Blanca del gremio judicial UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación), señalando “su absoluta complicidad” con los abusos sufridos. La Secretaria General bahiense es Graciela Diez Paz. El funcionario judicial aseguró que el gremio recibió varias denuncias pero “no hizo nada”.
Cuando Ramos Padilla asumió en el Juzgado Federal 1 de Bahía, en aquella ciudad estaba radicada la causa 10451/2014 que investigaba la emisión de facturas apócrifas por parte de un grupo de empresas bahienses en favor de Austral Construcciones, propiedad del supuesto testaferro k, Lázaro Báez. Si bien González Da Silva desestimó prima facie la investigación por encubrimiento agravado al empresario patagónico por parte del magistrado de Dolores, en su escrito afirma que “tampoco se hizo nada relevante con el objetivo de impulsar la pesquisa”.
En este sentido, una de las revelaciones más significativas de los testimonios brindados en el marco de la instrucción actual contra Ramos Padilla, es el hecho que aunque el Juez delegó en el Fiscal Alejandro Cantaro –quien hoy se halla de licencia y acusado de otorgar protección a una banda narco bahiense- la pesquisa de la causa de las facturas truchas, dicho expediente habría permanecido físicamente durante la subrogancia del magistrado en el Juzgado. Hacia allí apuntó un testimonio obrante en el sumario abierto en 2016, cuando uno de los funcionarios aseguró que una de los primeros expedientes que pidió el entorno de Ramos Padilla fue la causa de las facturas apócrifas, y que la misma habría permanecido en el Juzgado sin movimiento.
Dolores
El falso abogado Marcelo D´Alessio fue denunciado por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que D´Alessio lo extorsionó en nombre de Carlos Stornelli, para no involucrarlo en la causa de los cuadernos. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla el último 28 de enero. El magistrado decidió procesar al extorsionador y, debido a que el Fiscal de Comodoro Py no se presentó a declarar en ninguna de las 5 ocasiones en que fue citado, el Juez lo declaró en rebeldía el pasado 26 de marzo, situación que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y en los últimos días por la Sala II de Casación, aunque se dejó a salvo “la inmunidad de arresto que de momento detenta” el representante del Ministerio Público.
En la resolución emitida por el Juzgado de Dolores declarando la rebeldía de Stornelli, se habla de “actividades de una organización ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y operaciones de investigación criminal, existiendo motivo bastante para sospechar que Stornelli habría participado de la comisión de diversos delitos”. Allí se citan los casos del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, del abogado José Manuel Ubeira-que también se presentó como querellante-, y de personas menos conocidas como Pablo Barreiro, Victoria Munin, y Jorge Castañon, entre otros. Respecto de este último, que es el ex marido de la actual pareja del Fiscal de Comodoro Py, Ramos Padilla acusa a la presunta banda que integrarían D´Alessio y Stornelli, de haberle realizado labores de espionaje ilegales. Pero un dato que no ha tomado esta público apuntaría a una larga historia vinculada a violencia de género, no sólo con la mujer del Fiscal, sino también con las dos hijas de ella. Aparentemente, Castañón habría tenido tres denuncias y una restricción perimetral por dicho tema. Según pudo saber este medio, la mujer iría a declarar en las próximas semanas sobre este asunto.
En el procesamiento a D´Alessio del 25 de febrero, el magistrado detalla las conversaciones por whatssapp que habría mantenido el falso abogado con Stornelli. En todas ellas, el extorsionador se muestra muy verborrágico y el Fiscal muy escueto en sus respuestas. Como si el perfil del primero fuera el de un hombre que a partir de unos pocos datos sobre una persona, sabe generar interés en su interlocutor. Y ese poder lo utiliza para sacar provecho de una situación. Se trataría, según los entendidos, del clásico psicópata. El propio Pedro Etchebest, en su denuncia en Dolores, afirma que Marcelo D´Alessio “tiene una personalidad muy especial, muy engañosa, te muestra algo y juega con el temor que te produce. Es una persona enferma, manipulador, con mucha capacidad”. Y agrega tajante: “De lo que él habla, el 90% es mentira”.
En uno de sus descargos por escrito, Carlos Stornelli se apoya en un dato sumamente trascendente, resaltando de este modo, según él, el montaje urdido para “perjudicar una importante investigación judicial en la que intervengo”-en obvia alusión a la causa de los cuadernos-. Ramos Padilla afirma en la declaración ya citada de rebeldía que el pasado 8 de enero se llevó a cabo una reunión entre D´Alessio y Stornelli en el balneario CR de la ciudad de Pinamar desde las 11 de la mañana, en la cual se habría celebrado la presunta extorsión a Etchebest, siendo la duración de la misma de 4 horas. En dicho encuentro estuvo presente ocasionalmente también el Intendente de Salta, Gustavo Sáenz. Así lo sostiene el denunciante: “En la reunión, me mantuvieron sentado durante cuatro horas a metros de los tres”. A las 13:42 del mismo día, D´Alessio le envía un whatssapp a Etchebest adjudicándole a Sáenz un rol que nunca tuvo: “Tranquilo. Estamos con su cajero que es de barba y los estoy ablandando”. Sin embargo, según declaró ante la Justicia bajo juramento de verdad el propio jefe comunal salteño, él se retiró del encuentro aproximadamente a las 11:42. Es decir, 40 minutos después de comenzada la misma, cuando de acuerdo al mensaje citado de whatssapp, el denunciante afirma que D´Alessio da cuenta de la presencia de Sáenz dos horas después. El propio hijo de Etchebest, que se encontraba allí documentando la reunión, afirma también que el Intendente de Salta se retiró del lugar a eso de las 11:40 hs.
Por dicha reunión celebrada en Pinamar, la denuncia se radicó en el Juzgado cuyo titular es Ramos Padilla, ya que aquella es jurisdicción de Dolores. De las escuchas difundidas en las últimas semanas que revelaron que algunos presos k conocían con antelación la denuncia contra Stornelli, hay una en particular a la que no se le prestó tal vez la debida atención. En una conversación mantenida entre los ex funcionarios kirchneristas Roberto Baratta –uno de los tantos querellantes aceptados por Ramos Padilla- y Carlos Zelkovicz, este último afirma que “la madre de su hija Ernestina, que se llama Dolores, se está moviendo mucho en estos tiempos. Dolores quiere mover y activar todo”. Así mismo, mencionan un “dolor en la pierna”.
La conversación ocurrió el 24 de enero de 2019, es decir, 4 días antes de efectuada la denuncia. En la ciudad de Dolores.
Pablo Portaluppi
