En el marco de un operativo llevado a cabo el sábado a la madrugada en la ciudad de Balcarce se procedió a la clausura judicial de los cuatro locales donde ofrecian servicios sexuales casi 30 mujeres, todas ellas de nacionalidad extranjera.
El procedimiento fue realizado por disposición de la Fiscalía General de Mar del Plata, a cargo de Fabián Fernández Garello, en el marco de la política criminal emanada por los Procuradores de la Nación, Esteban Righi y de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; que en Mar del Plata también lleva adelante el Fiscal General Federal, Daniel Adler.
En el operativo, que consistió en allanamientos simultáneos de cinco domicilios de Balcarce, se aplicó el protocolo de actuación formulado por el Consejo de Federal de Política Criminal en materia de delitos de Trata de Personas y conexos, que incluye las infracciones a la Ley 12.331 conocida como Ley de Profilaxis.
Por ello, estos procedimientos se cumplimentaron fuera del ámbito de la Justicia correccional y la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no de la policía bonaerense.Para su implementación fue necesaria la intervención de mas de 50 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, unos 30 funcionarios judiciales -encabezados por los fiscales Rodolfo Moure y Leandro Arévalo-, del Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General y personal de la Dirección Nacional de Migraciones.
En este marco la justicia de Garantías ordenó allanamientos de cuatro locales que bajo la denominación de wiskerías funcionaban en Balcarce y otra vivienda en la que se alojaban algunas de las mujeres que ejercían la prostitución.
En total se constató la identidad de 23 mujeres de nacionalidad paraguaya, 5 dominicanas y una chilena, sobre alguna de las cuales la Dirección de Migraciones encontró irregularidades en su documentación.
La circunstancia que todas las prostitutas eran extranjeras y el secuestro de documentación que acredita la trasferencia de dinero al exterior, habilitaría a sospechar a los investigadores de estar en presencia del delito de trata de personas.
También pudo establecerce en flagrancia la actividad prostibularia, ya que se encontraron a “clientes” manteniendo sexo en condiciones de higiene infrahumanas y hallaron una pistola calibre 380 y un revolver calibre 32.
Por otra parte, al haberse constatado que en estos domicilios se cometía el delito de administración y regenteo de prostíbulos habilitaría a la Justicia a decomisar los inmuebles, según el Art. 23 del Código Penal, y la aplicación de fuertes multas -de 12.500 a 125.000 pesos- con la posibilidad de pena de prisión de efectivo cumplimiento en caso de reincidencia.
Como resultado de los procedimientos se clausuraron judicialmente los cinco lugares y se dispuso que sus responsables, cinco personas en total, queden imputadas del delito de infracción a la Ley 12.331.
