En efecto en el borde mismo del plazo estampó su firma, junto a la del intendente Gustavo Pulti. Para ello caviló durante días con enormes dudas, teniendo en cuenta que ya se halla incursa una investigación federal sobre posible malversación y desvió de fondos del Programa de Seguridad Ciudadana.
Pero en el caso de la adjudicación de Global View S.A., existen cuestionamientos muy serios y plagado de anormalidades, por ello Ciano recurrió al consejo de un especialista en Derecho Penal del fuero federal, en lugar de hacerlo con un profesional del Derecho Administrativo. La diferencia entre uno y otro no es un dato menor, sino nos atenemos a la redacción del artículo 2 del referido decreto que dice: “Condiciónese la adjudicación de la Licitación Pública n° 17/09 a que se acredite debidamente que el valor de la contratación se encuentre dentro del promedio de los valores determinados en los diferentes municipios de la Provincia de Buenos Aires que hayan contratado un sistema de video de vigilancia urbana de las mismas características que la oferente, el cual operará como valor límite”.
La cuidadosa redacción lo estaría eximiendo (según la consulta que efectuó) de responsabilidades futuras. Pero expertos en la materia lo califican como único en los anales de la administración pública, debido a que en el expediente se está haciendo ahora, lo que debió hacerse antes del llamado, de la apertura, de la adjudicación y de su tratamiento en el Concejo Deliberante.
“No hay mejor trampa que una licitación pública”, dicen los más conocedores, pero en esta ocasión se les escapó la tortuga a muchos, ahora las necesidades son políticas, y Ciano ha declinado en función de las necesidades del gobierno.
