La situación de crisis energética por la que actualmente atraviesa nuestro país, que en nuestra provincia se manifiesta principalmente en la energía eléctrica, obliga a instalar equipamientos móviles, absolutamente anti económicos y contaminantes para paliar los problemas de falta de abastecimiento de energía eléctrica. Aunque, igualmente, se producen “cortes programados” por parte de la distribuidora EDEA S.A que afectan a los barrios populares de Mar del Plata. Esta situación necesita soluciones reales, no parches temporales, para las cuales no parece haber predisposición de parte de quienes desde los ámbitos correspondientes tienen obligación de hacerlo.
En la provincia se ha realizado en este año 2014 una modificación institucional, al disponer la creación de la Secretaria de Servicios Públicos y sacar del Ministerio de Infraestructura el control de las empresas provinciales de servicios (Centrales de la Costa Atlántica, BAGSA, ABSA, AUBASA, etc.), lo cual parece responder a cumplir acuerdos políticos más que a buscar soluciones a la problemática del sector.
En el área de la generación de energía eléctrica se transfirió a la órbita de esta nueva secretaria la empresa Centrales de la Costa Atlántica (que se conforma como consecuencia de no haber oferentes en el proceso de privatización de la exempresa provincial ESEBA S.A en el año 1997 ya que no se la consideró económicamente viable) la que contando con un parque generador que en algunos casos ha superado los 28 años de generación continua, se mantiene funcionando por el esfuerzo permanente de sus trabajadores en mantener el equipamiento, que es lo único que en la región permite tener potencia suficiente para abastecer a la industria, el comercio y los hogares con la energía necesaria para garantizar el trabajo y la calidad de vida que merecemos.
Desde la Secretaria de Servicios Públicos a cargo del señor Francisco Laporta, se priorizan más los compromisos políticos que la búsqueda de soluciones necesarias para el sector, dejando de lado los equipos técnicos. Además, en el último trimestre de 2013 se sub ejecutó el presupuesto (a pesar de estar incluido en la Ley), y en el 2014 no se realizó ningún aporte. Por lo que ante la necesidad de realizar los mantenimientos mínimos necesarios se recurre al aporte de la Nación, la cual pese a una decisión de la Secretaria de Energía de otorgar hasta 300 millones de pesos, ello no se ha concretado, con lo cual se pone en riesgo de poder cumplir con el abastecimiento del consumo eléctrico desde Punta Rasa a Necochea en la próxima temporada estival.
Los funcionarios de la Secretaria de Servicios Públicos desconocen no sólo las cuestiones técnico – operativas de Centrales de la Costa Atlántica sino también las necesidades de sus trabajadores, quienes con su conocimiento y esfuerzo mantienen las maquinas generando sin que por ello se dé respuesta a sus reclamos:
- Condiciones laborales: falta de entrega de ropa de trabajo.
- No se cubren las vacantes del plantel acordado.
- Demoras en el ingreso de personal.
- Carencia de insumos para realizar su trabajo. No se provee los elementos para realizar las reparaciones de los equipos.
- Deficiencias edilicias por falta de mantenimiento causan desprendimientos de mampostería en el edificio de la Central 9 de Julio con el consiguiente riesgo para los trabajadores, carencia de baños y vestuarios adecuados.
- No se dictan al personal los cursos de capacitación que dispone la ley.
- Negativa empresaria a tratar la pauta salarial, desconociendo la representatividad de nuestro Sindicato.
Se le da prioridad a la necesidad de componendas políticas que tienen más que ver con cuestiones electoralistas que con resolver los problemas del sector mientras se desconoce a nuestro Sindicato como legitimo representante de los trabajadores al realizar acuerdos con quienes no representan los intereses de los mismos, generando con ello un conflicto que terminará agravando aún más la actual situación de precariedad en la generación de energía eléctrica.
Esperamos que prime la razón sobre las necesidades y apetencias político partidarias y se dé respuestas a los usuarios y trabajadores del servicio eléctrico, de parte de funcionarios provinciales y nacionales.
