A los bonaerenses:
Cumpliendo con el principio republicano de la rendición de cuentas, y habiendo finalizado mi mandato como diputado provincial el 10 de diciembre, expongo a continuación un resumen de mi labor legislativa y política.
Durante el primer tramo de mi gestión, y en respuesta al descalabro institucional kirchnerista, presenté varios proyectos para hacer realidad el reclamo de mayor transparencia, austeridad y lucha contra la corrupción que fue el núcleo del mandato popular que recibió Cambiemos en las elecciones de 2015.
Concretamente, presenté un inédito proyecto de ley sancionando el Nepotismo (designación de familiares en la función pública) en los tres poderes del Estado, iniciativa que fuera luego replicada en varios municipios y provincias del país por diversos legisladores, además de ser tomada luego parcialmente por los gobiernos nacional, provincial y en CABA.
Además, con la intención de terminar con el nefasto culto a la personalidad, impulsé un proyecto con reglas sobre los nombres al patrimonio público, que apunta a prohibir las designaciones de personas hasta pasado un tiempo prudencial desde su fallecimiento. Acompañé la iniciativa con tres propuestas legislativas para retirar el nombre Néstor Kirchner de diversos bienes y espacios públicos de la Provincia.
En otro proyecto de ley planteé la prohibición de la publicidad en los bienes y recursos públicos, en beneficio de una facción política determinada.
En la misma línea de regeneración institucional, presenté un proyecto para establecer por ley el debate obligatorio entre los candidatos a gobernador, como existe a nivel nacional con los candidatos a presidente.
También elevé iniciativas estableciendo procesos de publicidad, audiencias públicas e impugnaciones para la designación de jueces de la Suprema Corte provincial y para el Procurador General, tomando para ello como base la normativa nacional y mejorándola y modernizándola para garantizar la mayor transparencia y participación de la ciudadanía.
Asimismo, elevé un proyecto de adhesión a la ley nacional de Acceso a la Información Pública, a la vez que una ley de Ética Pública contemplando un régimen de declaraciones juradas patrimoniales y obsequios a funcionarios públicos mucho más amplio que el existente, en línea con la legislación nacional y de otras provincias.
Simultáneamente impulsé un paquete de leyes anticorrupción conformado por una ley de fueros, ya que en la provincia es casi imposible avanzar en procesos penales contra funcionarios con inmunidades; un proyecto de ley para reglamentar procesalmente la figura del Arrepentido y un proyecto de ley para establecer el juicio por jurados obligatorio para delitos de corrupción.
En ese tiempo acompañé gran parte de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, especialmente la que significaban una mejora sustancial en la institucionalidad, como la eliminación de la reelección indefinida para intendentes, concejales, diputados y senadores, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para gobernador y legisladores provinciales y la ley que obliga a funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas patrimoniales o la que brinda mayor transparencia en la designación de jueces y fiscales inferiores, por nombrar las principales.
Como otro de los reclamos ciudadanos era el de mayor seguridad en general, presenté un proyecto incorporando a la víctima en la etapa de ejecución de la pena, con obligación de notificarle todos los beneficios pedidos y concedidos por un condenado, con facultades para intervenir, opinar y apelar. Nuestra iniciativa coincide con parte de la amplia ley de víctimas que se sancionó tiempo después a nivel nacional, no existiendo a la fecha su equivalente a nivel provincial.
También planteé diferencias importantes: voté en soledad en contra de la Ley de Paridad de Género, no sólo porque creo firmemente en que el principio rector a la hora de elegir representantes populares debe ser la idoneidad y no el género, sino también porque la considero una afrenta a las mujeres, quienes no necesitan ninguna imposición legal para acceder al poder, como pareciera creer la gran mayoría del microclima político, que en este tema se encuentra notablemente divorciado de la sociedad, que mayoritariamente rechaza esta normativa. Es por eso que, consecuente con mi convicción de la necesidad de promover una meritocracia efectiva, sobre el final de mi mandato presenté un proyecto para derogar dicha ley.
Durante estos dos primeros años presidí la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, clave para los intereses de la costa atlántica, y desde la cual y con la experiencia recogida en mis visitas a la mayoría de los puertos bonaerenses, presenté un proyecto integral de Ley de Puertos provincial.
Desde el tercer año de mi mandato y dado el virtual estancamiento económico del país, comencé a promover iniciativas tendientes a reducir la presión impositiva y a desregular actividades productivas y de servicios. Para amortiguar el reajuste de las tarifas de servicios públicos propuse eliminar los impuestos provinciales de las boletas de los servicios de energía eléctrica y gas natural, propuesta que después fue receptada por la gobernadora y finalmente convertida en ley.
En sintonía con nuestra convicción de la necesidad de reducir y simplificar los impuestos, impulsé un paquete de tres proyectos para suprimir otros tantos tributos provinciales: el inmobiliario complementario, el impuesto de sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito y el impuesto a la transferencia gratuita de bienes.
Complementé estas iniciativas proponiendo la creación de un Defensor Adjunto de Derechos del Contribuyente, dentro de la Defensoría del Pueblo sin que implique un nuevo cargo, a la vez que presenté un proyecto para eliminar la regla conocida como “solve et repete” en materia tributaria, que obliga a pagar un impuesto mal cobrado o liquidado para después discutirlo judicialmente.
Paralelamente impulsé una serie de iniciativas tendientes a fomentar la competencia en la economía, reducir costos y terminar con las prebendas en determinados servicios, para incrementar el poder adquisitivo de los bonaerenses y hacer realidad el derecho a la defensa de la competencia que consagra nuestra Carta Magna.
Es así que presenté proyecto para incluir el servicio de transporte privado de pasajeros prestado a través de plataformas electrónicas, para que compitan en igualdad de condiciones con taxis y remises.
También proyecté la derogación de la Ley de Grandes Superficies, farragosa, plagada de intervenciones estatales absurdas y causante de que muchas inversiones elijan otras provincias, otro proyecto de ley para desregular el negocio de las farmacias y habilitar nuevos actores con mayor competencia y otro también para desregular la prestación del servicio de las VTV, hoy concesionados por zonas geográficas, con el mismo objetivo de promover la competencia y facilitar la vida de los bonaerenses.
En igual sentido presenté un proyecto para que los agentes públicos provinciales, tanto activos como pasivos, puedan elegir libremente su obra social, ya que hoy deben afiliarse y aportar compulsivamente a IOMA, lo que no sólo viola su derecho a elegir su cobertura de salud sino que también afecta su patrimonio en los casos en que la persona decide contratar una segunda prestadora.
Otra diferencia importante se planteó a propósito de la promesa de campaña de acabar con el curro de los Derechos Humanos, la cual, lamentablemente, no se hizo realidad.
Menos aún en la provincia, cuando la Legislatura aprobó casi por unanimidad, con la única excepción de mi voto, una ley que obliga a incorporar en todas las publicaciones y actos oficiales la leyenda “30.000 Desaparecidos”. Me opuse en defensa de la libertad de expresión y pluralidad de voces porque no puede imponerse una verdad histórica oficial desde el Estado, además de no existir evidencias empíricas que sustenten el dato de la última de esas leyendas. Fue la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, la que dictaminó que dicha ley no era compatible con los objetivos buscados, tras lo cual presenté un proyecto de ley para derogarla.
En la misma línea, presenté un proyecto para derogar la Comisión Provincial de la Memoria, que no sólo se ha convertido en un organismo que despilfarra alegremente recursos públicos de los bonaerenses sino que se ha desviado de sus objetivos originales para transformarse directamente en un espacio de militancia facciosa, habiendo rebasado gravemente aquellos límites al prestarse a la persecución de periodistas mediante la supuesta realización de un informe judicial, que en realidad terminó siendo un escrache abierto y una maniobra de intimidación a la prensa libre.
También con el propósito de terminar con la distorsión deliberada de la historia, presenté tres proyectos para distinguir y condecorar a familiares y heridos en los ataques terroristas a los cuarteles de La Tablada, Azul y Monte Chingolo, todos ocurridos durante gobiernos democráticos.
En el orden judicial, conjuntamente con los Diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez, fui cofirmante de una denuncia penal contra la exProcuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, en el ámbito federal. En la provincia, me presenté como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en la causa penal iniciada por Elisa Carrió contra el exGobernador Daniel Scioli por múltiples irregularidades de su gestión, causa en la que se llegó a procesar a diversos funcionarios de primera línea, y que continúa en trámite.
Como parte del combate contra la corrupción y las mafias sindicales, denuncié públicamente escandalosos negociados en el Astillero estatal Río Santiago, tras lo cual se intensificaron los controles y se tomaron acciones que permitieron una reducción sustancial de su presupuesto en términos reales para el año 2019, con el consecuente ahorro para el Estado bonaerense. Aún así, para terminar de cuajo con la persistente corrupción, y con el fin de que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar, y no de fabricar barcos, presenté proyecto para su privatización.
Por otro andarivel, y siguiendo el ya declarado objetivo de recuperar el espacio público para los ciudadanos, velar por la legalidad y moralizar la asignación de recursos públicos, presenté un proyecto para retirar los subsidios sociales a quienes corten calles y rutas o dañen de cualquier modo el patrimonio público o privado, a fin de evitar que el Estado financie a quienes violan la ley.
En la misma dirección propuse prohibir la actividad de las mafias de los llamados “trapitos” y “limpiavidrios”, tal como ya ocurre en otras jurisdicciones del país.
Durante los dos últimos años de mi mandato presidí la Comisión de Educación, una de las más importantes de la Cámara, desde la cual no sólo enfrentamos la contínua extorsión de los gremios docentes a la comunidad educativa con sus casi 60 días de paros salvajes, sino que presenté concretamente un proyecto de ley declarando la educación primaria como servicio esencial y habilitando similar declaración para la educación secundaria, aunque en éste caso de manera temporal. Esta iniciativa impide la pérdida de clases de los niños bonaerenses, es perfectamente congruente con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y además se encuentra vigente en numerosos países.
Propuse también derogar la ley que establece asueto por el Día del Trabajador del Estado porque toda restricción a la normal prestación de servicios públicos debe ser excepcional, además de resultar discriminatorio respecto a los empleados del sector privado, redundante en el caso de quienes tienen su propio asueto, como los docentes o judiciales, y conspirar contra la necesaria revalorización de la cultura del trabajo.
En este esfuerzo por devolver libertades a los ciudadanos, aunque sea parcialmente y con las limitaciones del sistema, presenté un proyecto que amplía el horario de venta de bebidas alcohólicas durante la temporada estival, que finalmente se terminó convirtiendo en ley.
Durante mi mandato participé también en diversos procesos seguidos a miembros de la Justicia. Por un lado denuncié al exjuez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, a quien se le acumularon otras causas y finalmente terminó destituido. Asimismo, integré los jurados de enjuiciamiento que suspendieron al juez de la Cámara de Casación Luis Ordoqui y al juez de Garantías Luis Carzoglio y el que destituyó al fiscal Carlos Washington Palacios.
Finalmente, durante nuestro mandato no olvidamos la lucha por la Democracia y los Derechos Humanos en países hermanos de América Latina, habiendo presentado y defendido en la Cámara innumerables declaraciones de repudio de la dictadura de Maduro en Venezuela, de la represión de Ortega en Nicaragua y celebrando la convocatoria a elecciones y restauración del orden constitucional en Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales.
Aunque esta rendición no ha agotado todas las actividades que llevé a cabo, creo que testimonia que no he presentado proyectos superficiales, ni he estado pendiente de la corrección política, sino que he trabajado intensamente por los valores que siempre creí correctos: la Libertad, la República, la Constitución Nacional, la institucionalidad, la idoneidad y la honestidad. Pongo estos proyectos a disposición de los legisladores que me sucedan para mejorarlos y así continuar en esta lucha permanente por la Libertad.
Esperando haber cumplido con los bonaerenses y haber estado a la altura de las circunstancias, aprovecho para agradecer a todos los que me acompañaron estos años en la función legislativa, que ha sido para mí el mayor honor que me han conferido en mi vida.
Guillermo Castello
Pare de beber!