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Caso Scioli: La Fiscalía del Estado bonaerense no acompañó el pedido para prohibirle salir del país

De todas maneras el ex gobernador llegará antes de fin de año a juicio oral, como imputado procesado por la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

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La Plata-13/06/15. El gobernador Daniel Scioli encabezó hoy una jornada solidaria en el barrio Los Hornos de La Plata, donde entregó equipamiento para el club Estudiantes y la Escuela Nº 50 “Gabriela Mistral, tras recorrer el Hospital Intermedio UPA 24 horas, y otorgar un dispensario de medicamentos con la ultima tecnología.Prensa Gobernación

La fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires no acompañó el planteo de la acusación de la UFI N° 11 de La Plata sobre el pedido de prohibición de salida del país de Daniel Scioli y el embargo por 189 millones de pesos, en la causa que tramita presuntas irregularidades con la contratación de obras públicas en el período de gestión hasta 2015.

El pronunciamiento fue realizado por el delegado de la Fiscalía de Estado, Martín Lazarte, en el transcurso de la audiencia solicitada por la defensa del ex gobernador para fundamentar por qué no debía cumplirse esa prohibición.

De la reunión en el despacho de la jueza Marcela Garmendia, participaron los defensores del ahora diputado nacional, Miguel Molina y Alfredo Gascón, y también de los abogados del ex ministro de Salud, Alejandro Collia, involucrado en la causa. Incluyó a los patrocinantes del empresario Ricardo Miller.

Todos expusieron en el juzgado de Garmendia los argumentos para impedir la medida que la semana pasada elevó el fiscal platense Alvaro Garganta. En el tercer piso del fuero penal, el trámite fue grabado y filmado, con la presencia de Lazarte –enviado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez-, en representación de los intereses de la Provincia y como particular damnificado en el caso.

Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la administración Scioli. Por la posibilidad, según la UFI N 11, de profugarse, entre otras consideraciones, pasó a consideración la prohibición de salida del país del legislador y –en el mismo dictamen- la inhibición por 189 millones de pesos. Extensivas a Collia y al empresario Miller, de quien Garganta sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPA.

“La magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les prohíba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, resolvió Garganta. Garmendia tiene 5 días para convalidar el pedido de Garganta o rechazarlo.

¿Por qué recurre la fiscalía a este solicitud de cautelar para Scioli y demás procesados? A criterio del titular de la Unida Fiscal, “resultan indispensables para garantizar la incolumnidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.

En su descargo, durante indagatoria, por escrito, el diputado nacional de Unidad Ciudadana había declarado no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”.

Al fundamentar el pedido a la jueza Garmendia, los abogados del ex mandatario sostuvieron entonces que la decisión del fiscal tiene “evidente falta de objetividad”, puesto que “no es necesario el dictado de ninguna medida de restricción que afecte a Daniel Scioli para asegurar los fines del proceso”. En aquella oportunidad, consideraron “desproporcionada” la inhibición de bienes pedida “cuando en ningún momento de la imputación se atribuyó nuestro representado haber causado perjuicio fiscal”.

Después, en un giro de disimulada ironía volcada al expediente, cuestionan que la declaración de Scioli “evidentemente no ha sido leída ni considerada por la fiscalía”.

Pero, en la audiencia con Garmendia utilizaron mayor vehemencia reparatoria de la actuación de los defendidos. El abogado Flavio Glielmmo, patrocinante de Collía, directamente explicó que las irregularidades en las contrataciones no existieron “ya que habían sido auditadas y avaladas por los organismos de control previstos por la Constitución provincial”. La estrategia tiene la premeditación de desvío de las miradas a cierto segmento del poder político actual.

En limpio: si se comprueba la existencia de delito, la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia, Tesorería, Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia y Fiscalía de Estado debería responder por falta de celo. Por citar dos casos, el presidente del Tribunal, Eduardo Grimberg, y el propio fiscal Gómez, permanecen en sus cargos en la actual gestión. El entonces Asesor General, Gustavo Ferrari (hoy ministro de Justicia), ya aclaró en su oportunidad que no era de su competencia actuaciones vinculadas con la verificación de los actos en cuestión.

La perspectiva se insinúa política, de acuerdo con esta impronta que persiguen los defensores.

Como sea, el ex gobernador llegará juicio oral, antes de fin de año, en carácter de imputado procesado. Garganta investiga si benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

En la misma trama de presunciones, se investiga si la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, porque le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para instalar un emprendimiento hotelero. Ante esa imputación, Scioli refutó como «totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores». Y agregó que Miller «accedió a menos del uno por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso».

En esta instancia del debate, convendría repasar el texto de la Fiscalía de Estado que Clarín publica. En uno de sus párrafos colige del aparente entuerto que “no se ha planteado que con la contratación de las obras se hubiera causado un perjuicio patrimonial a la Provincia”.

Aclara, además, que “no habría peligro de frustración (con la salida del país de los imputados) de los fines del proceso”. Y en la parte técnica, la Fiscalía señala que “para la procedencia de las medidas cautelares se requiere la existencia del daño comprobado –aún con el grado de provisoriedad de toda cautelar procesal y propia de la etapa investigativa- que permite prever que oportunamente se iniciarán las acciones reparatorias”.

Qué nivel de afectación de esta postura de la representación institucional del estado provincial tendrá sobre la decisión de la jueza Garmendia resulta prematuro de calibrar. En cinco días estará la respuesta a tanto dilema.

Fuente: Clarín

3 Comentarios

  1. Dios quiera se haga justicia y termines en la cárcel… ?

  2. Cuanto más corrupto menos problema con la Justicia.

  3. VIDAL LA TENES ADENTRO BAH YA TE LA PUSIERON TANTAS VECES