Caso Morrone: dictamen de Procurador desestima irregularidades

En respuesta a la consulta efectuada por la Comisión de Legislación acerca de si se han producido irregularidades en el reemplazo de los concejales de la UCR Maximiliano Abad y Mario Rodríguez por Gonzalo Quevedo, el Procurador Municipal sostiene que las mismas deben ser previamente acreditadas fehacientemente, ya que solo aparece un indicio a partir de las manifestaciones de la Sra. Roxana Morrone, respecto a que no ha tomado conocimiento de ningún pedido de licencia.

Entiende el Dr. Mariano Perticarari que “esta cuestión debería ser ampliada conforme las presentaciones que la Sra. Morrone efectúe a partir de contar con la información por ella misma solicitada”.

Asimismo considera que “estará en ella negar concretamente cualquier impedimento de índole laboral que hubiese impedido su asunción como concejal suplente. De acontecer ello, y previo traslado a la firmante de las notas donde se sostenía tal impedimento, el Cuerpo se encontrara, entiendo, en condiciones de evaluar si ha existido irregularidad administrativa alguna y sus consecuencias”.

Luego de analizar minuciosamente los hechos y analizada la normativa aplicable al caso se ha concluido que el referido reemplazo ha sido convalidado unánimemente por el Cuerpo Legislativo, por ende no puede señalarse que se hubiera incurrido en un vicio que origine nulidad alguna en la intervención de los ediles de la U.C.R. durante las sesiones que tuvieron actuación, ya que quienes intervinieron en las sesiones del cuerpo legislativo han sido de acuerdo la normativa vigente y quienes ostentaban el carácter de concejal suplente.

Además, en opinión del asesor legal de la Municipalidad las normas legales regulan quien reemplaza a un concejal pero no como debe realizarse ese reemplazo, dando por sentado que estamos en presencia de una reglamentación carente de formalidades, de manera que al convalidarse por el propio Concejo Deliberante todo lo actuado no puede, en principio, presumirse de haber incurrido en ilegalidad alguna.

Roberto Latino Rodríguez