El gobierno de María Eugenia Vidal pretende ordenar y transparentar dos fondos de la Cámara de Diputados bonaerense que, combinados, constituyen una caja de casi 250 millones de pesos anuales. El nuevo presidente del cuerpo, Manuel Mosca, prepara dos resoluciones para reformar el sistema de becas y subsidios que otorgan los diputados provinciales, que este año insumirán 145 millones de pesos, y verificar qué tareas cumplen más de 300 empleados que, en algunos casos extremos, se descubrió que llevaban años sin pisar la Legislatura. Sumados, sus salarios demandan unos 100 millones de pesos anuales.
La primera resolución que Mosca presentará en los próximos días propone bancarizar el cobro de las becas y subsidios que reparten los diputados bonaerenses. Hasta ahora, el sistema se manejaba a través de cheques que, particularmente cuando los beneficiarios residían en ciudades alejadas de La Plata, la Cámara los entregaba al diputado o su secretario para que ellos lo acercaran hasta su destinatario final.
Además de innecesario en los tiempos que corren, ese “pasamanos” genera un momento de incertidumbre sobre el destino de los fondos. Más -y ese es un secreto a voces en la Legislatura- cuando algunos de esos cheques aparecían luego en cuevas de la capital bonaerense. En cierta forma, una vez librado el cheque, la Cámara baja perdía el control de su uso.
“Mantenemos a una de las clases políticas más cara del planeta”
Con el nuevo sistema, las becas y subsidios sólo podrán ser cobrados en las sucursales del Banco Provincia y el beneficiario deberá presentar su documento y la constancia de domicilio (con el sello de agua) por parte del registro civil de su ciudad.
No es un detalle menor y menos en términos económicos. Este año, la Cámara baja provincial destinará 145 millones de pesos a becas y subsidios. Cada uno de los 92 diputados bonaerenses tendrá a disposición un millón de pesos (la mitad para becas, la otra para subsidios) para distribuir a su discreción. Los subsidios para personas físicas tienen un límite máximo de 60.000 pesos (se entregan para casos excepcionales, como incentivos o luego de desastres naturales), mientras que las becas son de 2000 pesos mensuales (por lo general, se otorgan a estudiantes).
“Es un paso adelante en pos de transparentar los procesos de la Cámara”, señalaron cerca de Mosca. El diputado de Bolívar, que en diciembre sustituyó al massista Jorge Sarghini en la presidencia, evitó dar definiciones: en la Legislatura bonaerense existe un estrecho margen para este tipo de “innovaciones” y el riesgo de ponerse en contra a los diputados -también a los propios- nunca es menor. Cambiemos es minoría y ese riesgo se multiplica.
Para avanzar con la medida, el oficialismo buscó el apoyo del massismo (que ahora ocupa la vicepresidencia de la Cámara, con Ramiro Gutiérrez) y otros sectores de la oposición. De hecho, voceros de Cambiemos señalaron que la resolución va en línea con otras firmadas por Sarghini. Por caso, la que creó por primera vez (en la historia de la Cámara) pautas objetivas para contratar personal o servicios.
La segunda resolución que prepara Mosca tampoco escapará a la polémica: ordena que cada diputado sólo puede tener en su equipo a dos empleados de la planta permanente de la Cámara, como máximo.
Cada diputado bonaerense representará un gasto de $ 40 millones
¿Por qué? Porque se detectó la existencia de más de 300 empleados de planta permanente que figuraban cumpliendo funciones en los bloques políticos, cuando los diputados ya cuentan con fondos para contratar a asesores, secretarios y otros funcionarios.
Pero el problema es otro: la Cámara tiene casi mil empleados de planta, de los cuales 500 asisten a los bloques políticos. Al ser personal permanente, son en muchos casos empleados calificados y con experiencia legislativa. Pero existen 300 casos en los que las autoridades no pueden precisar qué tareas cumplen. Muchos, en el sistema, aparecen oficialmente como “sin destino”. Sí, la categoría existe formalmente.
También, en una alta proporción de casos, se constató que no fichaban en las máquinas de asistencia que Sarghini instaló en octubre del año pasado. Algunos no lo hicieron nunca. Las máquinas son monitoreadas por cámaras de seguridad y no sólo para evitar trampas: se dejaron de usar años atrás porque eran sistemáticamente destruidas.
Los empleados y varios diputados preferían controlar la asistencia mediante planillas. De hecho, cuando se instaló el fichero el año pasado, llovieron pedidos de “excepción de fichado” de parte de los diputados, para beneficiar a sus empleados.
La intención de la resolución es descubrir qué tareas cumplen estos 300 empleados, y asignarles funciones si es necesario. Y eso, claro está, si aparecen por la Legislatura. Sumados, sus sueldos superarán este año los 100 millones de pesos.
La Nación