El jefe comunal Carlos Arroyo elevó al HCD un proyecto modificatorio del “Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia” aprobado por Ordenanza 21.977, a fin de endurecer las sanciones a los grandes locales comerciales que no cumplan la norma que los obliga a colocar cámaras de seguridad en sus ingresos.
Se encuentran comprendidos en los términos de dicha ordenanza los comercios que por el giro comercial de su empresa se encuentran en condiciones de afrontar los gastos que esta inversión demanda, como las grandes superficies comerciales, los establecimientos que realizan intermediación de recursos financieros, casas de cambio y bancos; centros de compras y servicios con una superficie superior a los 1.800 m2; o bien porque ya se encuentran obligados a la colocación de cámaras de seguridad, como los establecimientos de expansión nocturna, conforme Ley 14.050.
Las multas propuestas se graduarían entre 1 y 5 salarios mínimos del personal municipal en los siguientes casos: falta de instalación de cámaras de seguridad, la instalación de cámaras de seguridad que no cumplan con las condiciones de funcionamiento exigidas, falta de entrega de las imágenes requeridas en el plazo previsto, la divulgación de imágenes o filmaciones o su modificación o supresión en contravención a la norma.
Para la falta de captación de imágenes en forma permanente la sanción económica oscilara entre 13 salarios mínimos del personal municipal.
Y para el supuesto de reincidencia se facultaría al Juzgado Municipal de Faltas 4, con competencia en materia de Defensa del Consumidor a la aplicación de sanciones hasta el máximo previsto en la Ley Nacional nº 24.240 y Ley Provincial nº 13.133.
En el mensaje de elevación, Arroyo señaló que “esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas de planificación urbana que viene desarrollando el municipio para contribuir y colaborar con la seguridad comunitaria. Particularmente, en relación a las videocámaras instaladas en la vía pública, muchas ciudades y variadas experiencias han demostrado la necesidad y utilidad de las mismas para evitar la consumación de hechos delictivos”.
En tal sentido resaltó que “han sido de utilidad para controlar determinados rubros comerciales que pueden afectar a la tranquilidad de vecinos en sus cercanías, así como la preservación y armonía de los espacios públicos” y añadió que “la demanda por parte del Poder Judicial solicitando imágenes para esclarecimiento de hechos se encuentra en constante crecimiento”.
Roberto Latino Rodríguez
