Ciudad, Política

Cámaras de seguridad con sospecha de sobreprecio

El proceso aupado a la necesidad manifiesta de la población, debido a los altos índices de inseguridad, elevó el precio de referencia del sistema, por el cual otros municipios han confeccionado presupuestos oficiales, de prestación similar y desembolsarán la mitad de lo que pagará la Municipalidad de General Pueyrredón, lesionando los recursos afectados en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana.

Surge del expediente que no se elaboró un presupuesto oficial, sino que se tomó como base la pretensión económica que solicitó la oferente, lo cual dejó expuesto al gobierno municipal, a una acción judicial que no se descarta, impugnando todo el acto licitatorio.

Cabe recordar que el propio intendente Gustavo Pulti, en una conferencia de prensa rodeado por miembros de su gabinete e integrantes de su bloque de concejales, había denunciado una suerte de extorsión por parte de C5N, disponiendo la elaboración de un dictamen, que aconsejó a través de la comisión evaluadora, no adjudicar a la empresa que ahora resultó beneficiada con la adjudicación. En el dictamen se indicaba además realizar un segundo llamado, lo cual quedó todo en el olvido, revirtiéndose un cuadro administrativo muy complicado para los responsables, incluyendo los concejales que aprobaron la adjudicación.

Después de varios meses, todo el expediente llegó al Concejo Deliberante, que sólo tuvo cinco días hábiles para estudiar todos los antecedentes, lo cual es insuficiente a todas luces. Desde la puesta en escena, con la sobreactuación del intendente, la desprolijidad de las formas, y con el precio claramente inducido, el oficialismo avanzó con sus argumentos.

Salvo la abstención del doctor Carlos Fernando Arroyo, debido al fallecimiento de su madre, tanto Luchessi como Garciarena resultaron funcionales a las necesidades del oficialismo, aunque igualmente el gobierno lo hubiera logrado con su número propio.

Una vez más quedó demostrado, que no hay mejor trampa que una licitación pública, cuando existe intencionalidad y discrecionalidad política para imponer sus decisiones.

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