Con la presencia del secretario de la institución, Roberto Cipriano García, los integrantes de la CPM, Susana Méndez y Yamila Zavala Rodríguez, y la Directora General, Sandra Raggio, se realizará este miércoles desde las 11 en Bolívar al 3053, 1º piso, una conferencia de prensa en la que se detallará el contenido de la denuncia contra el actual fiscal general, Fabián Fernández Garello, por su participación en tareas de espionaje político y gremial, además de su infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura.
La grave denuncia presentada por la CPM involucra al fiscal general, Fernández Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas.
Al momento de los hechos, el fiscal revistaba como sub inspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.
Denuncian al fiscal general Fabián Fernández Garello, por crímenes de lesa humanidad
En este sentido, durante la última dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
La información surgió a partir del trabajo de sistematización de los registros de la DIPPBA que lleva a cabo la CPM. Un examen de las 17 acciones de inteligencia llevadas a cabo por el actual fiscal general de Mar del Plata permite identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial.
En este material aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. Estas acciones forman parte del proceder de la DIPPBA que operó como una suerte de policía política del estado terrorista.
La gravedad de estos hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales que se desprenden de estas acciones sino también requieren una respuesta política inmediata. Por ese motivo, la CPM solicita su juicio político al fiscal y que sea suspendido de inmediato en sus funciones.
La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo.
Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.
