La discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte del gobierno kirchnerista sirvió para premiar a las unidades académicas creadas en los últimos años, cuyas autoridades respondían políticamente al kirchnerismo, y castigar o relegar a aquellas que tenían una conducción independiente.
En el final del mandato, a poco de dejar el poder, el kirchnerismo promovió un “festival” de reparto de fondos discrecionales hacia las universidades nacionales del Conurbano. Fue a través de programas, dinero para infraestructura o para planes de cooperación que tienen escaso impacto académico y responden a una lógica política: las instituciones beneficiadas tenían sólidos vínculos con la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2015.
Sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre se distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional. Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento fueron para las nuevas universidades que se crearon entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.
Entre las resoluciones hay casos que rozan el escándalo: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) todavía no tiene alumnos cursando porque se creó en diciembre de 2014. Tiene 2.500 inscriptos, pero a través de 7 resoluciones de la SPU firmadas por el ex secretario, Aldo Caballero, entre octubre y diciembre recibió 140 millones de pesos.
Una de las partidas (de 48 millones de pesos) es para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto en un predio de Villa Tesei.
Otro caso insólitos como 2 millones de pesos a la universidad de José C. Paz (UNPaz) para financiar el “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”. Cristina Fernández inauguró en 2010 el edificio de la UNPaz, que ahora lleva el nombre del intendente Mario Ischii. Uno de los docentes titulares de una cátedra es el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.
A la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela (promovida por Carlos Kunkel) fue otra de las que obtuvo mayores beneficios. El Gobierno le entregó otro “premio” a la institución educativa: por resolución 4157 de la SPU, recibió 20 millones de pesos para “financiar gastos”. Así, sin más especificación.
Según un informe que elaboraron en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de todo el país, el reparto a discreción de dinero por “programas” fuera del presupuesto constituye una caja que incrementa los recursos hasta en más de la mitad de lo que otorga el Congreso por ley. Pero, esas partidas tienen preferencias entre las casas de estudio que se ubican cerca de la General Paz. El estudio determinó que la Universidad de Avellaneda consiguió 63% más de dinero que lo repartido por el presupuesto en 2015; la de José C Paz un 49% más; la de Moreno un 30%; la Arturo Jauretche de Florencio Varela un 21% por encima y la de San Martín obtuvo 20% adicional gracias al envío directo de dinero del Ministerio de Educación.
La amplitud y variedad de los programas permite a las universidades usar ese dinero para fines diversos. Hay denuncias por la utilización de instrumentos universitarios para “tercerizar servicios” y contratar agentes que luego se desempeñan en otras dependencias oficiales.
Lo mismo ocurría en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Por ejemplo con la Fundación para la Defensa de la Educación Libre, Pública y Gratuita de la UNLP.?Se trató de una entidad fantasma utilizada como plataforma para recaudar fondos a partir de convenios y trabajos a terceros, recursos que -se sospecha- fueron derivados hacia la campaña a intendente de la decana y edil ultra K, Florencia Saintout.
Fuente: Hoy
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