Política

Alerta en la oposición por el proyecto que enviará el Presidente para tener facultades “extraordinarias”

El presidente Alberto Fernández sorprendió esta mañana con el anuncio de que enviará al Congreso un proyecto para que se faculte tanto a él como a los gobernadores a tomar medidas de cuidado en el marco de la crisis sanitaria por coronavirus que ya lleva más de un año a nivel global.

 

 

 

En medio de los tironeos entre el Gobierno nacional y la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta por la presencialidad de las clases y a la espera de la resolución de la Corte Suprema sobre el litigio, la oposición se puso en pie de guerra al enterarse de esta intención del oficialismo y ya cuestionaron la posibilidad de que Fernández se atribuya “superpoderes” con la excusa de la pandemia.

“En los próximos días enviaré un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, dijo el mandatario en el mensaje en el que prorrogó por tres semanas las restricciones a la circulación y la prohibición de las clases presenciales en el AMBA y en otras zonas de riesgo.

Según fuentes parlamentarias consultadas por PERFIL, el texto vendrá directamente desde Gobierno y no hay certezas sobre cuándo podría ser el tratamiento de un texto de estas características. Es que admiten que el cronograma de proyectos a tratar, incluido el de biocombustibles cuyo plazo máximo de tratamiento vence el 12 de mayo, se encuentra virtualmente postergado.

El Congreso no tiene en agenda sancionar hasta mayo y posterga definiciones.

“Una ley de restricciones por la pandemia debe tener parámetros objetivos, científicos y previsibles. Unos pocos no pueden tomar decisiones unilaterales que afectan la vida de millones de trabajadores, restaurantes, pymes, estudiantes”, evaluó el titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

El diputado nacional marcó además que “de ninguna manera la salida son más superpoderes o delegar facultades que son propias al Congreso, una mayoría circunstancial no lo puede hacer”.

Desde el radicalismo, el jefe partidario Alfredo Cornejo dijo no saber “para qué los superpoderes. No sabemos lo que está escrito, ni lo que quiere pedir”. En ese contexto, subrayó que “ninguna delegación de facultades restablecerá el prestigio que ha perdido por su sola acción y el poder político que tuvo durante mucho tiempo para tomar decisiones”.

El diputado mendocino por la UCR Luis Petri advirtió al Presidente que “no espere del Congreso un cheque en blanco para hacer lo que ahora no tiene autoridad para disponer. Todas las medidas en el marco de la Constitución y conforme a las necesidades de la pandemia, por tiempo limitado, con control permanente del Congreso. Suma del poder público no”.

Más allá de los argumentos en contra de una iniciativa de este tipo, el diputado del PRO Fernando Iglesias exhibió el temor intrínseco de la oposición a una movida de estas características.

¿Usted entiende que somos minoría y que aunque votemos en contra ellos pueden lograr aprobar lo que quieran?”, dijo en respuesta a un comentario en redes sociales, en línea con la misma actitud de Juntos por el Cambio respecto a la modificación del calendario de las PASO.

La semana pasada había trascendido que el oficialismo ya había logrado juntar al menos 137 votos para modificar o incluso suspender las PASO, lo que aceleró  la voluntad de Juntos por el Cambio de encontrar una solución por consenso, que se encuentra paralizada ante la confirmación de que el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro no visitará el Congreso para cerrar el acuerdo.

“Las normas que restringen derechos individuales deben pasar obligatoriamente por el Congreso, sino inexorablemente se terminan judicializando“, sostuvo otro de los diputados del PRO Jorge Enríquez sobre el asunto.

Entre las argumentaciones en contra del proyecto, en la oposición mencionan el artículo 29 de la Constitución Nacional donde se aclara expresamente que el Congreso no puede delegar sus facultades ni al Poder Ejecutivo ni a gobernadores de provincias, entre otros.

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