El Ministro de Defensa, Oscar Aguad, responsabilizó a los tripulantes por “la falta de adiestramiento y renovación de capacidades”. Y aseguró que “las Fuerzas Armadas han tenido largos períodos sin capacitación”. Estas declaraciones, hechas a un medio de Bahía Blanca antes de encabezar un acto, generaron que el abogado querellante y padre de una de las víctimas, Luis Tagliapietra, radicara una denuncia penal en contra del ministro. “Llama la atención lo inoportuno del momento para decir lo que dijo”, dijo el letrado refiriéndose al jefe de la cartera castrense.
Las fuertes palabras de Aguad, sumado al hecho de la recusación de la que fue objeto la jueza de la causa, Marta Yañez, de la localidad de Caleta Olivia, sirven para repasar el extenso informe que realizó el Fiscal Federal Jorge Di Lello luego de la desaparición de la nave, cuya búsqueda demandó un año y expuso las graves falencias del Estado en materia de Defensa. En la tragedia, murieron los 44 tripulantes.
El 15 de diciembre de 2017, exactamente un mes después del último contacto con el submarino, el mencionado representante del Ministerio Público, junto a Hernan Mogni y Santiago Barea, promovió un expediente para intentar determinar responsabilidades penales en la tragedia. Sin embargo, nueve meses después, el 11 de septiembre de 2018, Di Lello decidió archivar las actuaciones sin hallar responsables. En aquel momento, la mayoría de los medios prefirió subrayar lo evidente: según la investigación, el material operativo de las Fuerzas Armadas es obsoleto. A su vez, le advierte al Poder Ejecutivo sobre el deterioro general de las mismas, afirmando que si la Argentina afrontara un conflicto bélico probablemente sería derrotada en apenas tres días. Sin embargo, hay varios aspectos significativos en aquel exhaustivo expediente de más de 100 páginas que no hallaron la debida difusión pública.
El trabajo encabezado por Di Lello, titulado “El problema de la Defensa Nacional”, donde declararon, entre otros, siete ex ministros de Defensa, el ex jefe del Ejército Martin Balza y el analista político y especialista en temas castrenses Rosendo Fraga, colocó sobre la mesa un debate necesario: el rol de las Fuerzas Armadas desde la recuperación definitiva de la democracia en 1983. Pero a medida que pasaron los meses, la discusión se fue diluyendo.
En uno de sus párrafos, la investigación hace referencia a una reciente Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 703/2018), la cual establece que “La misión primaria del sistema de Defensa Nacional consiste en asegurar la defensa nacional ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país…..La misión de las FFAA consiste en alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas por el plexo legal vigente, a efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento
militar”. Sin embargo, uno de los testigos declarantes, el vicealmirante (R) Antonio Torres afirmó que “en la práctica ha pasado exactamente lo contrario. Evidentemente resulta más fácil, económico y de mayor visibilidad ocuparse de las misiones subsidiarias que de la principal”.
Sobre el delicado tema de las hipótesis de conflicto sobre la cual trabaja cualquier sistema de defensa, Martín Balza explica que “en un Estado no son otra cosa que un supuesto teórico de planeamiento, a partir del cual éste prepara su instrumento militar..”. Y agrega: “La miopía de quienes declaran la inexistencia de hipótesis de conflicto ignoran que la razón de ser de las FFAA no responde a la eventualidad de un conflicto determinado, sino que su existencia radica en tanto existe el Estado. Por lo expuesto, las Fuerzas Armadas existen en función de un patrimonio a asegurar”. Pese a lo dicho por el General Balza, durante el gobierno de Néstor Kirchner se modificó el criterio dejando de lado las hipótesis de conflicto, reemplazándolo por un complejo método llamado de “planeamiento por capacidades”, que nadie entiende bien de qué se tratan. Es un modelo basado en minimizar las vulnerabilidades propias del país, dejando a un lado quién podría atacarnos.
En cualquier caso, según los declarantes se trata de identificar escenarios probables donde el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, debe intervenir. Rosendo Fraga enumera algunos de ellos: “El futuro de la Antártida, cuyo tratado vence a mediados de este siglo; la importancia económica y riqueza del Mar Argentino; el espacio aéreo vinculado a la seguridad interior; control y vigilancia de las vías fluviales; custodia y seguridad de las fronteras terrestres”. Así mismo, le asigna una vital importancia a la presencia del ciberespacio donde las FFAA modernas desarrollan planeamiento y operaciones, como así también a las llamadas guerras “híbridas”, donde intervienen fuerzas tanto regulares como irregulares”. Por su parte, Martín Balza subraya “la porosidad y la desprotección de la frontera norte del país, y lo apetecible que resulta para el resto del mundo la Patagonia, que representa el 30% del territorio y donde vive solo el 5% de la población. Región muy rica en gas, petróleo, litio, carbón y uranio”.
El Brigadier Mayor Alejandro Antonio Moresi se muestra tajante al respecto: “Si un Estado no tiene hipótesis de conflicto, simplemente le dice al mundo que no tiene intereses, por lo tanto el mensaje subliminal que recibe el tercero es “sírvanse lo que deseen de lo nuestro”. El segundo mensaje de esta ausencia es “no tenemos estrategia”. Una diplomacia sin FFAA es como una sinfonía sin orquesta”.
Expuesto lo anterior, se llega al espinoso tema del presupuesto. El ex ministro Horacio Jaunarena asegura que “una asignación presupuestaria que no llega al 1% del PBI, y de la suma asignada más del 80% se destina a gasto de personal, prolongada en el tiempo no llega a otro destino que al colapso de las Fuerzas Armadas”. Y agrega: “No es que en la Argentina gastamos poco en Defensa. El problema es que gastamos mal”. Y el ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde realiza una propuesta: “Estimamos necesario ir recomponiendo presupuesto asignado a las FFAA a un ritmo de un 3% anual, de manera de llegar con el tiempo a que represente el 1,5% del PBI, que es lo que destina a sus FFAA cualquier país de Europa”.
Vale decir que el promedio sudamericano en materia de inversión en Defensa oscila entre el 1,5% y el 1,8%. Citemos algunos casos: para el año en curso, Chile destina U$S 2700 millones en sus FFAA, y Perú hace lo propio con U$S2400 millones. Según el Presupuesto 2019, la Argentina proyectó U$S 2800 millones. Mientras nuestro país posee casi 2.800.000 km2, sin contar las islas Malvinas, Chile se extiende en poco más de 756.000 km2 y Perú casi en 1.300.000 km2. Es decir, que Argentina posee más territorio que Chile y Perú juntos y le asigna a sus FFAA prácticamente el mismo presupuesto que sus países hermanos. Rosendo Fraga cuenta que “en 35 años el gasto en Defensa pasó del 3% del PBI a menos del 1%”.
Números que explican cabalmente la situación actual de la materia en cuestión.
