Política

AF también prometió otra Oficina Anticorrupción: viene lento como las vacunas

Apenas asumió, el Presidente Alberto Fernández prometió “Hacer que la Oficina Anticorrupción deje de depender de Presidencia y opere con autarquía y autonomía”. Otra promesa incumplida.

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El 14 de mayo de 2020, la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, reconocido miembro de la agrupación judicial K Justicia Legítima, anunció que abandonaba su rol como querellante en las causas llamadas Los Sauces y Hotesurdonde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera. La principal acusada es la actual Vicepresidenta Cristina Fernández.

La causa “Hotesur”, de acuerdo al dictamen, “se trata de una compleja maniobra de lavado de activos a través de la cual de manera sistemática y permanente una porción de las ganancias obtenidas mediante la ilícita adjudicación de la obra pública a Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, fue canalizada a la ex familia presidencial a través de un proceso que buscó darle apariencia de licitud, justificando el flujo de fondos a partir del negocio hotelero”.

 

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Félix Crous

Cinco meses después, el 20 de octubre de 2020, la OA fue por más: dejó de ser querellante en todas las causas penales en las que era parte, exactamente 32 expedientes, con la excusa de poner más “el foco en la prevención y menos en el avance de casos de corrupción”. Las causas principales que decidió abandonar son las conocidas como “La Ruta del Dinero k”, “Vialidad”, “Cuadernos”, “Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, “Plan Qunita”, entre otros. Si bien algunos de ellos ya están elevados a juicio oral, y algunos están avanzados, como “La Ruta del dinero K”, no deja de ser una decisión muy llamativa.

En las últimas horas, la Cámara Federal sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), quien había sido denunciado justamente por haber desistido de seguir adelante con las querellas en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”. Los delitos que le atribuían a Félix Crous eran los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos, prevaricato y encubrimiento.

“No se ve respaldada la afirmación en sentido de que el funcionario denunciado hubiera dictado actos contrarios a una ley o la Constitución Nacional, o que haya ejercido de manera arbitraria -en sentido técnico jurídico- la función, o que haya realizado actos prohibidos o haya omitido algún acto que hubiera estado obligado a realizar”, resolvieron los jueces Carolina Robiglio, Juan Carlos Bonzón, ambos subrogantes provenientes del fuero penal económico, y Mariano Llorens.

También afirmaron que “las partes querellantes desarrollan su actividad a la par del representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que “su desistimiento en el ejercicio de aquel rol, carece de entidad para perjudicar el avance de los procesos, y los actos que se cumplieron con anterioridad al desistimiento conservan su validez y vigencia”. Por su parte, Félix Crous, en declaraciones periodísticas, se defendió diciendo que “querellar es una facultad, no una obligación. Lo sabe cualquier estudiante de abogacía de primer año”.

Aunque los argumentos de los camaristas parecen sólidos, la decisión tomada por un ex fiscal alineado con el kirchnerismo de abandonar todos los expedientes en los que la Oficina Anticorrupción era querellante, en los cuales la gran mayoría de los involucrados son ex funcionarios kirchneristas, entre ellos la actual Vicepresidenta, generan no pocas suspicacias. Mucho más en un contexto donde el gobierno de Alberto Fernández está ejerciendo una fuerte presión sobre la Justicia, cuyas aristas son el regreso de Eduardo Farah y el inminente nombramiento de Roberto Boico para la Cámara Federal, la aprobación del pliego de Alejo Ramos Padilla para ocupar un juzgado electoral clave, la posible designación de Daniel Rafecas como Procurador General, la puesta en vigencia de 6 artículos del Código Procesal Penal, y los cuestionamientos públicos del propio Presidente a la Corte Suprema.

 

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Daniel Rafecas – Félix Crous

El art 2, inciso e del Decreto 102/99 del 29 de diciembre de 1999, que reglamentó la creación de la Oficina Anticorrupción, creada durante el gobierno de Fernando De la Rúa ni bien asumió, a través de la ley 25.233, establece que la OA puede “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”. En los hechos, ello implica que tiene acceso al expediente, puede pedir medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación, lo que no es poco.

En la página web del organismo, entre sus funciones se destaca: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”. Cuando decidió retirarse como querellante de las causas, Crous señaló que “a mi entender, se permitió de manera errónea que organismos públicos sean querellantes en muchas causas. En este caso se investigan delitos de lavado de activos y no es materia de la Oficina Anticorrupción”.

Sin embargo, y pese a lo dicho por el titular de la OA respecto a que los organismos públicos no deben ser querellantes, cabe señalar que el 21 de junio de 2011, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 26.683 -destinada a combatir el lavado de dinero- a través del decreto 825, publicado en el Boletín Oficial, en el que también vetó el artículo 25 de la citada norma en el que se establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) “no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales” vinculados a casos de lavado de activos. El decreto consideró “necesario” en sus considerandos que la UIF “se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos”.

 

La conexión Bahía Blanca

Respecto al ya mencionado caso “La ruta del dinero K”, cuyo veredicto se espera para las próximas semanas, existen algunas vinculaciones de Félix Crous con el Fiscal de la causa Abel Córdoba, que en julio de 2020 apoyó la excarcelación del principal acusado, el presunto testaferro K Lázaro Báez. Vale recordar que el representante del Ministerio Público había sido “premiado” por la ultrakirchnerista Florencia Saintout en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata por su trabajo en casos de delitos de lesa humanidad.

Es que el 22 de abril de 2009, el Dr. Córdoba fue designado Fiscal Federal subrogante para entender únicamente en “causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, según consta en la Resolución 30/09, que tramitaban en los Juzgados Federales 1 y 2 de la ciudad de Bahía Blanca. En la Resolución de Ministerio Público para su designación, se afirma que existía “una sobrecarga de trabajo que configura una situación extraordinaria que justifica la necesidad de designación de un fiscal con dedicación exclusiva en causas por los crímenes cometidos desde el Comando del Cuerpo V del Ejército en Bahía Blanca”.

Abel Córdoba se vinculó sentimentalmente con la ex concejala del kirchnerismo Gabriela Bustos Arnst, quien fuera condenada en junio de 2016 a dos años de prisión en suspenso por utilizar pasajes de colectivos en provecho propio y por falsificar la firma del Director del Hospital Interzonal de Agudos de Bahía Blanca “Dr. José Penna” a fines de 2011. Dichos pasajes estaban destinados a enfermos e indigentes que cobijaba el mencionado nosocomio. La relación trascendió cuando Córdoba se inhibió de actuar en los casos de lesa que tenían como víctimas a familiares de la ex edil kirchnerista, y al mismo tiempo Bustos Arnst era acusada por las irregularidades en el “Penna”.

Según un importante funcionario judicial bahiense que cumplía funciones en el área de DDHH, “es cierto que Córdoba se excusó, pero lo hizo después de haber beneficiado en la causa Ejército a víctimas con las que tenía relación personal, formulando requerimiento de instrucción por hechos de los que fueron perjudicados parientes directos de Gabriela Bustos Arnst”. Y aquí es donde aparece Félix Crous en escena.

De acuerdo a la fuente judicial citada, “después del affaire, a Córdoba lo recusaron en todas las causas de lesa, y en ese contexto apareció Crous en Bahia Blanca, porque en ese momento Gils Carbó lo designó como fiscal colaborador para las causas de lesa y vino a apoyar a su colega dejando entrever que era mandado de arriba para meter presión. Resultado: se rechazaron todas las recusaciones, Córdoba siguió como Fiscal Ad Hoc, consiguió las primeras condenas de lesa, y después se fue a BS AS premiado a la Procuvin”, la Unidad Fiscal dedicada a combatir la Violencia Institucional creada en marzo de 2013 por la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.

El primer titular de la Procuvin fue justamente Abel Córdoba, y quien lo sucedió fue Félix Crous. Pero antes de ello, y por pedido expreso del actual Fiscal de Comodoro Py a Gils Carbó, fueron nombrados como fiscales ad hoc en Bahía Blanca para entender en causas por delitos de lesa humanidad, los Dres. Miguel Ángel Palazzani y José Nebbiaquienes ejercieron una fuerte presión al Juzgado nro 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez por las facturas truchasPalazzani y Nebbia contaban con la red protectora que les confería Félix Crous, quien durante la gestión de la ex Procuradora, estuvo al frente de la Unidad de Asistencia de la Procuración General de la Nación para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Pablo Portaluppi

pabloportaluppi01@gmail.com

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