En el informe que fue presentado este viernes por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre el estado de la libertades de expresión y de prensa en el país, la entidad denunció que “el Estado argentino gasta 12 millones de pesos por día en propaganda” suma que, calculó, equivale a “14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas” al mes.
En relación a la pauta publicitaria, ADEPA hizo notar, además, que “el listado de beneficiarios de la propaganda gubernamental sigue encabezado por grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias, que burlan toda razonabilidad”.
En un comunicado sobre el Informe, ADEPA explicó que precisa que “el Estado argentino gasta 12 millones de pesos por día en propaganda”, incluido “el programa Fútbol para Todos y la pauta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)”.
Y, al respecto, hace una comparación contundente: “para sostener el gigantesco aparato de construcción y difusión del relato, el gobierno nacional gasta cada día el equivalente a lo que destina por mes para cubrir 14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas”.
En ese contexto, ADEPA llamó a todos los candidatos presidenciales y legislativos a “asumir el compromiso de restaurar a partir del 10 de diciembre el respeto a la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa”.
Según el documento de la entidad, titulado “Reconstruir las instituciones, recuperar el respeto por la libertad de expresión”, la Argentina “se aproxima al fin de un ciclo sin mejora alguna en las frágiles condiciones para el ejercicio de las libertades de prensa”.
Esto derivó, sostuvo, en “un periodismo coaccionado como nunca desde la reinstauración de la democracia y sometido a descalificaciones permanentes en cadenas nacionales que la Presidenta usa con frecuencia inusitada y al margen de la ley”.
Entre los condicionamientos que sufre la prensa hoy, ADEPA enumeró el “manejo militante de los medios públicos”, la “asignación arbitraria y sin control de la pauta publicitaria”, el “uso de los organismos oficiales para presionar o condicionar a medios y periodistas”, la “aplicación selectiva de leyes y resoluciones”, el “secretismo en el acceso de los datos generados por el Estado”, “el abandono de las conferencias de prensa como herramienta de comunicación de las acciones de gobierno y respuesta a las inquietudes ciudadanas”, los “agravios y mensajes desafiantes a repetición desde las más altas esferas del poder político contra voces disidentes” y la “ausencia de políticas de protección para el trabajo periodístico”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, Carlos Jornet, aseguró que la calidad institucional podrá mejorarse con una “mayor transparencia”, algo que “requiere libertad de expresión y prensa, acceso a la información pública, rendición de cuentas, lucha frontal contra la corrupción y pleno funcionamiento de la Justicia y los organismos de control”.
Según el informe, la misma afectación de la libertad de expresión que ocurre a nivel nacional se replica en las provincias, donde los medios “padecen además presiones a veces más graves de parte de gobernadores o intendentes”.
Por último, el informe resalta la “alarma y preocupación” que provoca “el accionar del narcotráfico, que en los últimos tiempos pretende silenciar a periodistas y medios que realizan denuncias o publican investigaciones” sobre el tema.
