En las últimas horas, asumió Horacio Rosatti como titular de la Corte Suprema de Justicia y emitió un fallo para que el organismo tenga el control del Consejo de la Magistratura. Es así que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, criticó el accionar de los integrantes y aseguró que el oficialismo aprobará en el Congreso la ley para reformar el sistema de justicia.
De esta manera, Juan Martín Mena expresó en diálogo con C5N “Lo que acaba de hacer la Corte causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos” y agregó “No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional”.
En este sentido, apuntó contra la Corte y manifestó “Tardó seis años para determinar que el Consejo de la Magistratura estaba funcionando irregularmente, pero le dio 120 días al Congreso”. Además, Juan Martín Mena siguió explicando que el organismo “Se toma una atribución que nunca en su historia se tomó, derogando una ley y asumiendo la presidencia del Consejo”.
Es entonces que se refirió al proyecto de ley que envió el oficialismo al Congreso para impulsar una reforma en el Consejo de la Magistratura. “No podemos permitir que un poder del Estado invada a otro, menos al de los representantes del pueblo” sostuvo el funcionario. Por el momento, el proyecto tiene media sanción del Senado, y esperan conseguir los votos en Diputados.
“Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, pero no podemos permitir la Corte legisle cercenando la facultad del Poder Ejecutivo, no lo vamos a permitir” cerró el viceministro de Justicia al respecto. Por otro lado, en cuanto al Consejo de la Magistratura, ahora de 20 miembros, el magistrado Horacio Rosatti ordenó normalizar su funcionamiento de forma inmediata tras asumir en la Corte.
Por lo que, aunque todavía no se nombraron a los demás integrantes, afirmaron en un fallo que “resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”.
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