Dos dirigentes de la UOCRA marplatense irán en setiembre próximo a juicio oral por estafa en la construcción de un plan de viviendas por las que cobraron 470.000 pesos/dólares, cuando el costo de mercado era de 250.000 pesos/dólares y además las entregaron sin final de obra y con deficiencias técnicas.
Estos dirigentes respondían y responden al secretario nacional de UOCRA Gerardo Martínez, hoy preferido de la Presidenta para enfrenar a Hugo Moyano. Trujillo y Sinecio Vargas, eran los responsables del programa de viviendas financiado por la provincia de Bs.As. previsto construir entre 1993 y 1999.
La UOCRA, entonces, cobró por cada vivienda 470.000 pesos/dólares , cuando el costo de mercado era de 250.000 pesos/dólares. Además, las construcciones registraban deficiencias técnicas.
Ambos dirigentes, sin embargo, permanecieron hasta el presente bajo el amparo de Gerardo Martínez refugiados en oficinas de la UOCRA con tareas administrativas Pero además, Trujillo y Sinecio Vargas, tienen actualmente una ONG denominada “Trabajar” y mediante testaferros, siguen construyendo viviendas.
El juicio oral será ante el Tribunal nº 14 a cargo de los jueces Peralta, Deleonardis y Rissore.
El caso se suma a la denuncia pública que realizaron entidades de Derechos Humanos acusando a Gerardo Martínez, de haber integrado el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, a partir de su ingreso en 1978 a la administración de la UOCRA. Tenía 22 años de edad. Según el listado oficial de empleados de ese servicio de espionaje entre 1976 y 1983, Martínez figura con el número de orden 2798, junto con su respectivo DNI 11.934.882.
El registro fue una segunda versión hallada por los denunciantes, luego de conocer un primer listado donde no figuraba el líder sindical, lo que revela un interés de protegerlo de parte del Ejecutivo Nacional.
No obstante, el jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), a través de una solicitada, negó haber sido espía de los servicios de inteligencia en la dictadura. El martes 12 de julio, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), la CTA de Pablo Micheli y diferentes organizaciones de Derechos Humanos,5 pidieron que Martínez fuera detenido y se lo someta a declaración indagatoria por haber sido integrante “del Batallón 601” “definido judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el estado argentino en la última dictadura militar”. La principal carta de los denunciantes es exhibir el listado del personal civil que revistió en el referido centro de informaciones, entre 1976 y 1983. Allí figura con el número de orden 2798 y su respectivo DNI 11.934.882.
Los denunciantes piden además a la Justicia que Martínez sea o separado del cargo que ostenta actualmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en representación de los trabajadores argentinos. Y anticiparon que pedirán explicaciones al Gobierno Nacional “porqué no denunció el caso y designó al sindicalista en cuestión para integrar una delegación oficial a la OIT”.
El cuestionamiento de los denunciantes al gobierno nacional se debe a que, según una nota publicada en el diario Página 12, con la firma de Horacio Verbitsky, el Ejecutivo tenía en su poder un informe que confirmaba los antecedentes de Martínez.
Los organismos que denunciaron penalmente a Martínez como presunto agente de inteligencia del Ejército anunciaron que pedirán al Gobierno que explique por qué no denunció el caso y nombró al sindicalista en una delegación oficial a la OIT.
BREVE BIOGRAFIA LABORAL
Es oportuno, no obstante, recopilar la trayectoria de Martínez, teniendo en cuenta el interés mayúsculo que la Presidente le mostró para encumbrarlo en la Central Obrera en lugar de Hugo Moyano.
Ironía de la historia, los Montoneros, muchos de los cuales tienen cargos ejecutivos en el gobierno K, en 1973 mataron por la espalda a José Rucci, por haber defendido con lealtad la política del entonces presidente Juan Domingo Perón. Mientras que ahora callan ante denuncias fundadas de que un “líder” sindicalista como Gerardo Martínez tiene que demostrar que grado de responsabilidad pudo haber tenido en la represión dictatorial en el gremio de la Construcción, donde hubo más de 100 desaparecidos.
En cuanto a su actual responsabilidad por la enorme inseguridad laboral de sus afiliados, que no puede disimular con alguna esporádica publicidad para decir, como el gobierno que “todo cada vez mejor”. Pero la realidad muestra decenas de muertes en obras por falta de medidas de seguridad laborarl.
En tal sentido, agrava la situación que el secretario Adjunto, Juan Ladina, fue condenado precisamente, por cobrar coimas a empresarios a cambio de mirar para otro lado los incumplimientos a obligaciones de seguridad, que a menudo cuesta la vida de un obrero.Ladina “durante su condena carcelaria recibió de Martínez una vianda vip diaria, que solía compartir con el pabellón y su esposa 25 mil pesos todos los meses” confió un dirigente opositor.
En la actualidad, Ladina y su mujer trabajan en la administración de la UOCRA, escondidos y habitan un piso de 250 metros cuadrados en Charcas 3577.
Al llevar la denuncia a la Justicia, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la CTA opositora, la Coordinadora contra la Represión Policial, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron que el dirigente fuera indagado para establecer qué rol cumplió en la desaparición de los activistas del gremio.
“Partiendo de la base de que el juez federal Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como una asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo ododetenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra durante la dictadura”, explicó en ese momento Graciela Rosenblum, desde la Liga.
Los denunciantes pidieron además que el titular de la Uocra fuera excluido de cualquier cargo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es actualmente secretario de Organización.
Según los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Martínez entró a la Uocra en 1978, cuando tenía 22 años y el sindicato estaba intervenido por los militares. Lo habría hecho como empleado administrativo, es decir que nunca habría trabajado como albañil. Su nombre empezó a sonar, con la recuperación de la democracia, como uno de los dirigentes que junto a Saúl Ubaldini prometía ser parte de la renovación sindical. Fue elegido secretario general de su gremio en 1990 y desde allí llegó a ser titular de la CGT, entre 1995 y 1996. A lo largo de esa década, Martínez se convirtió en parte de lo más encumbrado de la dirigencia sindical que acompañó los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem y las políticas que llevaron a la pérdida de derechos laborales. De 1997 a 2001 ocupó inclusive una banca en el Congreso Nacional como diputado del PJ.
Desde fines del año pasado, su nombre era impulsado desde un sector empresarial, a través de un operador de Techint, como candidato a reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, pero la propuesta no encontró espacio en el gobierno nacional.
“Vengo por la presente a ponerme a disposición de su señoría en la causa que se iniciara en mi contra”, expresó el escrito presentado ayer por la mañana en el juzgado que subroga Torres.
Durante el 2010 en Santa Fe, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en la Argentina, fue condenado Horacio Américo Barcos alias Quique, conocido sindicalista de la UOCRA, también ex agente de inteligencia civil del Batallón 601, represor e integrante de patotas y grupos de tareas.
Este personaje fue reconocido por una de sus víctimas, Amalia Ricotti, quien junto con su marido José Tur, habían sido secuestrados y torturados en el año 1978, cuando estuvieron cautivos en el centro de detención clandestino La Fábrica.
Barcos fue condenado a 15 años de prisión, un hecho de trascendencia en esa provincia por ser el primer represor condenado después de la derogación de la ley de Obediencia debida y Punto final.
Barcos, llegada la democracia, siguió perteneciendo a la UOCRA secundando a Rubén el mono Gazziano, lider del gremio en Santa Fe. Paralelamente continúo siendo agente civil de inteligencia del Batallón 601 hasta 1997.
En la UOCRA fue también empleado de la Obra Social y fue nombrado en 1996 por Gerardo Martínez interventor de la Seccional Tres Arroyos. Alli fue condenado por extorsión a un empresario de la construcción.
En el mismo listado, figura en el destacamento 122, de Santa Fe, el abogado Eduardo Daffunchio, agente civil de dicho Batallón al igual que Barcos, y representante de la UOCRA en esa provincia.(www.caraycecaonline
Por Roberto Muñoz
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