Política, Portada

Solidaridad con Baltazar Garzón

El Concejal Mario Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, presentó un Proyecto de Decreto por el cual encomienda a la Presidencia del H.C.D.
convoque a un Acto Público a fin de expresar su solidaridad, y manifestar el repudio debido a la persecución de la que está siendo víctima Baltasar Garzón Real, en virtud de las causas que debe afrontar ante el Tribunal Superior español. El Proyecto prevée que se curse invitación al  Departamento Ejecutivo, Colegios de Profesionales, Universidades Nacionales, Públicas y Privadas, partidos políticos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y entidades representativas de la ciudad, al acto a celebrarse por el motivo mencionado.

El Proyecto se funda en la suspensión cautelar en sus funciones sufridas por el juez Baltasar Garzón como miembro de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial de España, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral en su contra por presunta prevaricación, por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional. El juicio se abrió tras admitir a trámite una querella presentada por la organización de ultraderecha Falange Española de las JONS y por la también sindicada frecuentemente como ultraderechista Manos Limpias, y teniendo en cuenta que el mencionado magistrado tras una larga carrera judicial en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, desde el cual ha llevado adelante investigaciones sobre narcotráfico, sobre los denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), respecto a las acciones de la ETA (Euskadi Ta Askatasuna), juntamente con otras causas de relevancia internacional como las causas seguidas contra Augusto Pinochet y las dictaduras en Chile y en Argentina.-

Baltasar Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y
tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes de Lesa Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la
verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile.
Ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la
instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor. Asimismo abrió la posibilidad
de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios  argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la
dictadura argentina de 1976 – 1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640
años de prisión.
Desde septiembre de 2008 Garzón estuvo recabando información del  Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin
de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emite el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes  diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.
La decisión de declararse competente contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso recurso de apelación ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia (no ante el propio Juez, sino al organismo superior). El 18 de noviembre de 2008 el juez se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las respectivas fosas. Posteriormente el 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.

El 26 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Baltasar Garzón por prevaricación al declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, presentada como acusación popular por las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias —presidida por Miguel Bernad Remón, ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva— y Falange Española de las JONS, esta última supuestamente implicada directamente por Garzón en los crímenes que se pretenden estudiar.

Desde 1997, Manos Limpias había planteado diecisiete querellas, denuncias y quejas contra Garzón, todas ellas desestimadas. La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde Ferrer y Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. Por su parte una entidad llamada Asociación Libertad e Identidad había presentado una querella por prevaricación el 10 de marzo de 2009.
El Tribunal Supremo, mediante auto del magistrado instructor LucianoVarela de 7 de abril de 2010, estimó que procedía continuar el procedimiento por el delito de prevaricación contra Garzón, siendo recurrido dicho auto por el magistrado. La magistrada de la Audiencia Nacional Clara Bayarri que, junto a sus compañeros José Ricardo de Prada y Ramón Sáez, reconoció la competencia de Garzón al instruir el procedimiento por los crímenes del franquismo, en un artículo que publicó en el diario El País el 22 de abril de 2010. El 23 de abril de 2010, el magistrado instructor Varela decidió expulsar del proceso contra Garzón a Falange Española y de las JONS, al no atender dicha formación dentro del plazo establecido al requerimiento que el mismo Varela ponía un día antes, en el cual les instaba a que corrigiera el escrito de acusación presentado, al considerar que incumplía “de manera notoria” a las obligaciones procesales, al extenderse en múltiples «valoraciones» y no  limitarse a la «descripción» de hechos.

El día 24 de abril, Garzón presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de recusación contra el magistrado instructor Luciano Varela, acusándole de tener «interés directo en el procedimiento y parcialidad en el mismo» y de haber realizado «una labor más próxima a una asesoría o consejo jurídico» al haber concedido un plazo, a los querellantes para corregir una serie de defectos de sus escritos de acusación, hecho que definió como «dar oportunidades atípicas y extraprocesales» a una de las partes. En opinión de Garzón, «la intervención del instructor no se encuentra  amparada en ningún precepto de la normativa procesal vigente y es manifiestamente ajena a las normas esenciales del procedimiento». El 3 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un escrito de rechazo a la recusación de Luciano Varela por parte de Garzón, donde expresaba que era “absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna», y que, por esta razón, interesaba «la desestimación del

incidente de recusación planteado». El día 6 de mayo de 2010 el Magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, dictó un auto donde no admitía a trámite el recurso de recusación planteado por Garzón.

Los representantes de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que asistieron como observadores a la primera sesión del juicio a Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes del franquismo calificaron el proceso de un “gran despropósito”. En declaraciones a la Agencia EFE, el consejero jurídico de Amnistía Internacional (AI) Hugo Relva destacó lo “llamativo” de que la acusación que pesa sobre Garzón sea por haber investigado violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en España. “Este proceso es un gran despropósito porque no puede ser nunca una acción criminal contra un juez”, declaró Relva. Reed Brody, representante de Human Right Watch, valoró por su parte la intervención del fiscal Luis Navajas, que al igual que la defensa de Garzón pidió el sobreseimiento de la causa. La asociación La Comuna, que el pasado 21 de enero anunció que se suma a la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo, rechazó
el juicio a Garzón. En un comunicado afirmaron que el juicio “es la mejor prueba de que el franquismo en democracia aún dicta sus normas”.
Representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas participan como observadores en el
juicio porque creen que la decisión del Tribunal Supremo español incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal.
El Tribunal Supremo español comenzó a juzgar a Baltazar Garzón por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco. Garzón, el juez español más conocido internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet,se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía y la defensa de Garzón pidieron el sobreseimiento de la causa. El juicio  a Garzón es, en opinión del presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken, un acto que “destruye la independencia judicial de un país, afecta a la democracia y afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque están en juego valores universales”.

“Abandonar a un juez que aplica la justicia universal en favor de las víctimas significa atentar y quebrantar uno de los pilares del Estado de Derecho”, añadió. Nikken defendió la obligación de Baltasar Garzón de investigar hechos en los que se podrían haber producido “violaciones gravísimas de los derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad”, porque estimó que no están prescritos. Por su parte, el jurista estadounidense Redd Brody, representante de Human Right Watch, destacó que “es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos; la primera vez en la UE que un juez es sometido al derecho penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales”. “Los abogados y jueces de otros países del mundo tienen los ojos puestos en las represalias a Garzón”, dijo Brody, quien se mostró sorprendido por el escaso rechazo que han suscitado en España. En su opinión, “es paradójico que sea juzgado por intentar aplicar los mismos principios que llegó él a promover en el ámbito judicial mundial”, con las investigaciones de las dictaduras de Chile y Argentina.
En el año 2010 por Decreto Nº 136 este Honorable Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón manifestó su solidaridad y apoyo al Juez de la Audiencia Nacional de España, Dr. Baltasar Garzón Real, en virtud de la la persecución sufrida. Recientemente gremialistas, políticos, artistas y ciudadanos en general españoles realizaron una multitudinaria manifestación en Madrid, convocados por la plataforma “Solidarios con Garzón”. El objetivo, reflejado en pancartas y carteles, era protestar contra las tres causas judiciales que el magistrado debe afrontar ante el Tribunal Supremo. Iguales demostraciones se repitieron en otras ciudades de España.

La Justicia española rechazó anular el juicio contra Baltasar Garzón. Así lo hizo este martes el Tribunal Supremo español, en relación al
juicio que se le sigue al juez por su investigación de los crímenes del franquismo, como habían solicitado su defensa y la Fiscalía, por lo que el proceso continúa con el interrogatorio al magistrado.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el Supremo Tribunal español desestimó todas las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio por la defensa de Garzón y la Fiscalía del propio tribunal, informó la secretaria judicial actuante en el caso.

Tras conocerse la decisión, el juicio se reanudó con el interrogatorio al magistrado, quien decidió no responder a las preguntas de la acusación, que ejercen conjuntamente las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, y comenzó a contestar a su defensa, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda.
La Fiscalía y la defensa de Garzón plantearon al comienzo del juicio la invalidez de las acusaciones, por no cumplir con los mínimos legales, y la falta de imparcialidad del juez instructor Luciano Varela, así como también solicitaron la aplicación de la llamada “doctrina Botín”. Esta doctrina, del propio tribunal, establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna, y si no hay una acusación particular directamente damnificada en la causa.

Garzón, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de
inhabilitación prevista para el delito de prevaricato, es decir,
dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado
competente en 2008 para investigar más de 100.000 desapariciones
forzadas del franquismo en el marco de “crímenes de lesa humanidad”.

Concejal Mario Rodriguez
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