Política

Sancionarían a quienes no cumplan restricciones judiciales

El proyecto de ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados. “Los violentos que no cumplan la restricción impuesta por un juez deben tener una fuerte sanción”, afirmó a BA noticias su impulsor, el diputado Rodolfo “Manino” Iriart.

La normativa dispone que si un agresor no cumple con las obligaciones de exclusión y no acercamiento a la víctima, las autoridades estarán facultadas para dar inmediata intervención al fiscal en turno para que se pueda disponer su eventual aprehensión y procesamiento.

Según datos del ministerio de Salud, en la gran mayoría de los casos de violencia contra la mujer que se registran en la Provincia, el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima.

El 46.5% de las mujeres convive con su agresor; en el 50,4% el agresor es la pareja; y en el 27,8% es un familiar. El resto, que incluye tanto a conocidos como desconocidos de la víctima, representa sólo al 21% del total.

Para la elaboración de esta iniciativa legislativa, Iriart contó con la colaboración y apoyo de integrantes del ministerio Público Fiscal y de la Justicia de Familia de Mar del Plata.

En los fundamentos del proyecto se expresa que en virtud de relevamientos realizados para conocer el nivel de acatamiento de medidas y órdenes judiciales, surge que “frente al quebrantamiento de las restricciones de acercamiento dispuestas por jueces de familia, la jurisdicción penal ha dispuesto no intervenir por razones de última ratio en orden al delito de desobediencia y debido a no hallarse agotada la realización de tareas comunitarias expresamente dispuestas en el artículo 14 de la misma Ley”.

Al aprobarse las modificaciones impulsadas por Iriart quedará establecido que “el juez o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, procederá a dar inmediata comunicación al Fiscal con turno y competencia.”

El legislador recordó además que en la Provincia funcionan las Comisarías de la Mujer y la Familia donde se pueden realizar denuncias y la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar, un cuerpo integrado por todos los organismos del Gobierno Provincial.

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