Afirmó el edil Carlos Arroyo, quien elevó un proyecto de comunicación por el cual “solicita al Departamento Ejecutivo que previo a destinar el predio de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni a los fines del Plan Procrear, elabore un dictamen de la Procuración Municipal para que determine las condiciones de dominio del inmueble, si existen o no cargos en el acto de la donación”.
Asimismo el presidente del bloque Agrupación Atlántica requiere información sobre los fines previstos por el gobierno nacional y/o provincial para dicho lugar; un informe de la Dirección Provincial de Escuelas para que determine la posibilidad de ampliar los institutos educativos que funcionan en ese sector, o eventualmente, la posibilidad de crear nuevas escuelas; un estudio que determine el posible impacto ambiental de las construcciones a realizarse por el Plan Procrear; que se determine la prefactibilidad urbanística de dicho plan; y se analice la conveniencia de utilizar los predios en cuestión para sus fines originales, es decir, como colonia de vacaciones para menores”.
La iniciativa legislativa también propone que se realice una audiencia pública para recabar la opinión de todas las partes interesadas, previo a la adopción de una decisión definitiva.
Cabe traer a colación que el Presidente de la Asociación de Fomento del Barrio Constitución, Hermes García, junto a una importante cantidad de vecinos, fueron recibidos recientemente en la Comisión de Obras, donde solicitaron que se suspenda el proyecto de construcción de un plan de viviendas en el predio de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni.
Entre los motivos expuestos para que se re localice este proyecto, sostienen, que de la documentación, vinculada con la adquisición de tierras que efectuara el Consejo Federal de Educación, se desprende que la donación es con cargo para realizar una colonia de vacaciones en el predio.
“A fin de evitar nuevos conflictos judiciales entre los particulares y el Estado, este bloque considera que resulta sumamente necesario un estudio previo de los títulos y antecedentes jurídicos de la donación realizada al Consejo de Educación para constatar si su destino es para fines educativos; y que dicho análisis resulta indispensable para evitar posibles nulidades por incumplimiento de los cargos de la donación”, sostuvo el concejal Arroyo.
“Sería también – prosiguió – importante preguntar al Estado Nacional y/o al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires si se van a utilizar los terrenos en cuestión para la ampliación de alguno de los dos establecimientos educativos que actualmente funcionan en el lugar y cuya matrícula se ha incrementado junto al crecimiento poblacional de esta parte de la ciudad”.
Puso énfasis en que “una planificación urbanística responsable requiere indispensablemente, y máxime en un sector densamente poblado como es este, la realización de un estudio previo de impacto ambiental y de prefactibilidad urbanística para garantizar la calidad de vida no solo de los vecinos que ya se encuentran en el barrio sino también de los nuevos que con tanto esfuerzo procuran un lugar donde vivir contando los servicios necesarios y en un ambiente sano”.
Finalmente señaló que “a través de una audiencia pública, se debería escuchar a los vecinos que conocen la situación real del barrio”.
Roberto Latino Rodríguez
