Una presunta estafa entre inversores privados en el penal de Batán alcanzaría hasta la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. La compleja trama de intereses cruzados llegó hasta La Plata, donde se llevaron a cabo las negociaciones para la administración de una planta de pescado en el penal marplatense.
La historia de esta supuesta estafa comenzó cuando Ramón Ferrari, un comerciante de Mar del Plata, inició los trámites para obtener la administración de la planta de pescados del penal, enterado de que los antiguos administradores estaban de salida por adeudar el sueldo de su personal, entre otras condiciones que empujaron al fin de ese ciclo.
Según relató a NOVA, Ferrari se asoció para empezar esas negociaciones con los empresarios Alberto Pereyra, padre e hijo. Sin embargo, desde la Provincia les pidieron la friolera de 600 mil dólares para quedarse con la administración de la planta, por lo cual incluso desde el propio Servicio Penitenciario les aconsejaron “esperar un poco” para avanzar en la compra.
A partir de ese momento se inició una ronda interminable de reuniones entre la ciudad balnearia y La Plata, con el peor final para Ramón Ferrari. Según le contó a este medio el propio empresario, al mes se enteró de que el SPB le habría hecho un contrato a los Pereyra para quedarse con la planta, aún cuando su inversión en la sociedad había sido de 40 mil dólares.
“Me dejaron afuera y se quedaron con mi plata”, denunció Ferrari, quien además repudió que, por reclamar su dinero, los Pereyra lo denunciaron a él y a su hermano, que acaba de salir del penal. “Yo no estoy en el negocio del pescado, este emprendimiento lo quería hacer para ayudar a mi hermano, que está saliendo luego de haber cumplido su condena”, se lamentó el empresario.
El escándalo por esta presunta estafa alcanzaría a la plana mayor de la Jefatura del SPB, por cuanto Rubén Borzani, inspector general y número “dos” de la institución, está sindicado como uno de los integrantes de la mesa de negociación por la nueva administración de la planta del penal.
Como director general de Seguridad, Borzani reporta directamente al ministro Ricardo Casal, quien -según señalan fuentes locales- no podría estar ajeno a esta clase de negociaciones.
