El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, junto con el ministro de Economía, Amado Boudou, presentó el proyecto de ley que modifica el régimen del monotributo y aseguró que se trata de una iniciativa que busca alcanzar una “mayor formalidad laboral sin que vaya en desmedro de los ingresos en Seguridad Social y Obra Social”.
Estimó que, con la implementación de nuevas categorías, se podría sumar a la formalización de la economía a otras 400.000 personas, o a pequeños comercios e industrias.
Echegaray explicó que no se trata de un mecanismo “con fines recaudatorios” ya que “el componente impositivo de las categorías existentes no será modificado”. Y especificó que el destino de lo recaudado se distribuye un 70 % para la Anses y el 30 % corresponde a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de forma diaria y automática.
Por su parte, Boudou confirmó que la presidente de la Nación tomó la decisión de enviar al Congreso el proyecto que presenta algunas modificaciones en el monotributo y afirmó que este nuevo esquema es “una herramienta que ha demostrado ser una potente forma de incluir en la economía formal a millones de argentinos”. Y agregó: “se trata de un proyecto que incluye todas las inquietudes que los sectores venían solicitando”.
En ese sentido, Echegaray aseguró: “entre dos y tres millones de contribuyentes esperan que los legisladores le den un rápido tratamiento a esta trascendente ley, cuyo objetivo es lograr una mayor inclusión social”. El proyecto contempla el “monotributo social” que prevé que aquellos contribuyentes alcanzados por esta excepción no paguen el componente impositivo del monotributo, integrando solamente el correspondiente a la seguridad social y a la obra social, lo que le permitirá el uso total de estas coberturas.
El administrador explicó que el nuevo esquema presenta tres ejes esenciales: “en primer lugar, buscamos sostener el equilibrio de la seguridad social, tanto en el régimen previsional como para la obra social. En segunda instancia, nos hemos focalizado para incluir a aquellos con menor capacidad contributiva. Por último, el nuevo sistema dota al organismo de numerosas herramientas técnicas para combatir el enanismo fiscal”.
El nuevo proyecto ampliaría también el alcance del régimen para las locaciones de servicios hasta 200 mil pesos y para el resto de las actividades, hasta 300 mil. Esas cifras se ajustarían periódicamente, según la variación del índice de movilidad previsional.
También crea siete nuevas categorías (de la F a la L) que arrancarán en 96.000 pesos anuales en el caso de la primera (F) y llegarán hasta los 300.000 pesos en el caso de la segunda (L). Al ampliar el nuevo régimen, el nivel de facturación se estima que podría sumar a otras 400.000 personas o pequeños comercios e industrias.
