Ciudad

Nivio se manifestó en contra de la nueva concesión de rutas

El diputado socialista Carlos Nivio manifestó su desacuerdo a la intención del Gobierno provincial de “entregar” las rutas 2, ll, 36, 56 y 74 por 30 años a un concesionario, y señaló que “el proceso de privatización iniciado en la era menemista también llegó a las rutas del país”.

La recaudación estimada por cobro de peajes para 2009 es $ 106.500.000, por lo que el negocio que se propone estaría en el orden de los $ 3.198.000.000. Claro, de no aumentar el costo del peaje. Nivio recordó que durante la década del 90 la justificación era “que entregar las rutas permitiría mejorar la calidad, disminuir costos y bajar precios”.

Sin embargo, para el legislador “el planteo de que con la privatización se transfieren al concesionario los riesgos inherentes a la actividad, es falso”. La pérdida de poder del Estado quedó evidente, por ejemplo, en las concesiones otorgadas a COVISUR y Caminos del Atlántico.

“En la práctica, cuando el concesionario no alcanza los beneficios esperados acude a la administración pública de turno, exigiendo modificaciones en el mandato original del contrato. Si no lo logra con seguridad no cumplirá con las obras que se tuvieron en cuenta al momento de la privatización”, explicó Nivio.

Por eso, para el socialista “recuperar los caminos por parte del Estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en la Argentina, y a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía”.

El diputado anteriormente había presentado un par de proyectos contra el sistema de peaje, cuestionando los incumplimientos contractuales, el manejo arbitrario de multimillonarias cifras recaudadas que deberían ser destinadas a obras viales, el aumento de las tarifas o los acuerdos para extenderles las concesiones y eliminarles el canon.

Finalmente Nivio recordó que en otro proyecto de ley estableció que las obras viales en rutas provinciales vuelvan a estar a cargo de la Dirección de Vialidad, para lo cual se debe exigir que el Gobierno nacional envíe los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos a los combustibles, así como de otros establecidos para el desarrollo de estos trabajos.

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