Política

Mar del Plata entre las oscuras inversiones inmobiliarias de Gils Carbó

Este es el edificio de la denuncia, ubicado en Independencia entre San Lorenzo y Avellaneda. Como formando parte de la cultura kirchnerista vinculada a hechos de corrupción, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no le escapó a la tentación del rubro. Invirtió en ladrillos con recursos públicos, provenientes del Estado Nacional. La inspiradora de Justicia Legítima, representa el arma de construcción política judicial, que permitió la inmunidad de funcionarios del Frente para la Victoria.

El fiscal federal del Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Mar del Plata, Dr. Juan Manuel Pettigiani durante la marcha que encabezaron los fiscales por el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. La movilización bajo la lluvia reunió a 400.000 manifestantes. Hizo un valioso aporte que compromete a la Procuradora General de la Nación, inspiradora de Justicia Legítima y sostenida por kirchnerismo.

Mar del Plata no escapó a esa tendencia, que fue detectada y denunciada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani, según un informe especial que publica el matutino Clarín con la firma de Nicolás Wiñazki, que se suma así a las causas que acumula la jefa de fiscales federales de todo el país.

Gils Carbó alquiló una torre en el aire, dado que la misma no existía al momento de la firma del contrato “El caso de este edificio “nonato”, pero alquilado en forma “urgente” y directa por la PGN, fue denunciado en marzo del 2016 por el fiscal general del Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani”.

Bajo el título  “Otra maniobra extraña de Gils Carbó: la Procuración alquiló un pozo” se expresa que “En su acusación, presentada ante los tribunales de su ciudad, el fiscal advirtió que detrás de este alquiler las autoridades de la Procuración General podrían haber cometido los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración; evasión tributaria y lavado de dinero”

La Procuración General de la Nación (PGN), al mando de Alejandra Magdalena Gils Carbó, alquiló en marzo del 2016 un edificio en Mar del Plata para mudar ahí a todas las fiscalías de esa ciudad. Esa renta se concretó sin licitación pública, y con carácter de “urgente”. El Ministerio Público acordó con los dueños de la propiedad que se les pagaría por tres años de uso una renta mensual de 193 mil pesos. La suma total de la operación se oficializó en $ 6.948.000. En rigor, lo dicho hasta ahora en esta nota es impreciso. Cuando se firmó el acta de intención de locación de esos nueve pisos de oficinas, ubicadas en la calle Independencia 3179, no existía edificio alguno.

Los dueños que se beneficiaron con el dinero público que les pagó la Procuración para alquilarles aquello que no tenían, son los accionistas de una empresa llamada “Dale Nena S.R.L”. Los registros públicos indican que los afortunados locatarios estaban inscriptos en la AFIP como monotributistas al momento de cerrar el negocio. “Dale Nena” fue registrada ante el Estado en el año 2012, con 20 mil pesos de capital.

Clarín profundizó y amplió la información sobre esta trama. El caso “Gils Carbó Propiedades” suma ahora varias operaciones de alquileres y compras de inmuebles realizadas con acciones llamativas, poco transparentes debido a los procesos que utilizó para concretarlas, y que nunca fueron funcionales para el Ministerio Público que ella conduce.

La jefa de todos los fiscales está imputada en dos causas judiciales en Buenos Aires en la que se la investiga por estas acciones gubernamentales. Una de ellas analiza la compra mediante una comisión millonaria de la sede central de la Procuración, una mansión que la familia Bemberg le vendió a ese organismo en $ 43.840.000. El fiscal que instruye el caso, Eduardo Taiano, igual que el juez, Julián Ercolini, manejan la hipótesis de que detrás de esa compra pudo haber existido “tráfico de influencias” para beneficiar a actores privados con lazos en la Procuración.

A este caso se le suma la denuncia de Pettigiani en Mar del Plata. La acusación se reactualiza en otro contexto político a la que fue presentada ante la Justicia, en marzo del 2016.

La diputada Elisa Carrió y los legisladores Fernando Sánchez, por ejemplo, se presentaron ante la Justicia el 11 de abril pasado y ampliaron una denuncia contra Gils Carbó para que se investiguen varias de las operaciones inmobiliarias impulsadas por la Procuradora.

“Podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la ley 24.156”,dice el escrito sobre el tema.

El fiscal de Mar del Plata Pettigiani le contó a Clarín que, hasta ahora, su denuncia no tuvo registros de haberse empezado a investigar con algún tipo de celeridad.

La Procuradora no sólo está bajo sospecha judicial, sino también política. Después de años de inacción, la Comisión Bilateral de Control y Seguimiento del Ministerio Público empezó a trabajar para estudiar la actuación de Gils Carbó. Ya la citaron dar explicaciones por segunda vez. En el medio, declararon importantes fiscales en contra de su jefa.

Clarín accedió al expediente de alquiler del edificio de Mar del Plata, en el que resaltan variables poco claras. Primero, el documento oficial señala la “urgencia” con la que los fiscales debían dejar sus oficinas, ubicadas en Avenida Colón 1090. Por ese inmueble, la Procuración pagaba $ 34.800 mensuales. El contrato no se renovó en septiembre del 2014. Pero el organismo público siguió pagando por esa locación hasta que se acordó con el dueño de las oficinas que, a partir del 31 de octubre de 2015, se le abonaría 5 mil pesos de multa diarios si no se desocupaba su propiedad.

A pesar de que el vencimiento de ese contrato sucedió en septiembre del 2014, la PGN no llamó a licitación pública para conseguir un nuevo lugar para las fiscalías marplatenses.

Según el expediente interno de la PGN sobre el tema, los administrativos del ente, siempre con el aval de Gils Carbó, aseguraron que realizaron “un amplio relevamiento de la oferta inmobiliaria en la ciudad de Mar del Plata”. Pero se terminaron por “descartar decenas de inmuebles” porque “no cumplían adecuadamente” con los “requisitos necesarios”.

Solo habían quedado dos opciones. Una propiedad ubicada en la calle Alsina, que finalmente se desechó por opinión del fiscal Daniel Adler, muy allegado a Gils Carbó.

Fue por eso que la PGN eligió rentar el edificio -que no era tal- de Independencia 3179. La Procuración, mediante la resolución número 43/2016, firmada por el Director General de la Secretaría de Administración, Jorge Argüello, aceptaban que la ocupación del lugar sería “parcial”. Y agregaban que los pagos dependerían del cumplimiento de un “cronograma de entrega” de las oficinas.

Los documentos de la PGN, también explicaban aceptan que al momento del alquiler de Independencia 3179 se debía a que había “tareas pendientes para la adecuación del edificio”, en las que se mencionaba “la ampliación de su superficie”.

Como siempre ocurre en el planeta tierra, se impusieron las fuerzas de la física. Los fiscales no pudieron trabajar en las nuevas oficinas de Independencia 3179 debido a que, simplemente, no existían.

Las fiscalías marplatenses sí fueron ocupando el “viejo” inmueble de la calle Colón. Se quedaron allí desde noviembre del 2015 a enero del 2016. Esa lenta mudanza tuvo otro costo para el Estado: 435 mil pesos por multas y sanciones debido a que no se dejaron de usar esas oficinas.

Alejandra Magdalena Gils Carbó fue fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. El laberinto de dinero, tiempo y espacio, denunciado en su momento por Pettigiani, podría complicar, de nuevo la situación procesal de Alejandra Magdalena Gils Carbó. Es la jefa de todos los fiscales nacionales de la República.

Un comentario

  1. El tema es de quien es ese edificio donde esta emplazada una heladeria grido al frente…

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