A instancias de una moción del edil atlántico José Reinaldo Cano, los miembros de la Comisión de Legislación se comprometieron a mediar de forma oficiosa, a fin de allanar un acuerdo satisfactorio al vecino Fabio García, quien entabló acciones legales contra el municipio, a raíz de la sustracción de un carro panchero de su propiedad, que se hallaba en la Delegación Municipal Puerto, tras haber sido secuestrado en el acceso al Alfar, por inspectores municipales el 23 de enero de 2013.
No obstante lo cual, el concejal oficialista Fernando Gauna, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que las gestiones prosperen.
“La idea que se junten los abogados es una gestión oficiosa, pero el arreglo tiene que ser en el marco del juicio, y sí se ponen de acuerdo renunciar a la vía judicial. Es lo único que podemos hacer nosotros, desde el Concejo Deliberante”, sostuvo Gauna, opinando que “por la cifra que está manejando me parece difícil que haya un acuerdo”.
García pretende un resarcimiento equivalente a $ 200.000 más los intereses y costas. A su apremiante situación económica, se ha sumado el padecimiento de “una enfermedad crónica incurable y progresiva que debo tratar con un medicamento exclusivo cuyo valor es $ 2.425”.
A dos años y medio de que le sustrajeran su medio de vida, en dependencias municipales ni siquiera se inició un sumario administrativo para determinar quiénes fueron los responsables del hurto, según confirmó recientemente la Dirección de Sumario, a través de un informe elevado a solicitud de la Comisión, por el Procurador Municipal, Dr. Mariano Perticarari.
“Yo plantee un subsidio por el hurto del carro perpetrado por los empleados municipales y el pedido de juicio político al intendente por desoír reiteradamente mis reclamos. Este planteo lo he realizado en forma reiterada a la Comisión, y sí no me responden de una vez, voy a entender que son cómplices de esta situación”, planteó García, en la última reunión de la Comisión de Legislación.
“Hay una intervención judicial y, por lo tanto, no habría ningún mecanismo administrativo municipal para que se le otorgue un subsidio en tales circunstancias. Hay cosas que nos exceden, en función de que no tenemos atribuciones. No tenemos autorización para generar cargas ni gastos al Ejecutivo Municipal”, le informó el presidente de la Comisión, Cristian Azcona, quien le aclaró que “nunca he querido tapar nada”, reiterándole que “ nuestras atribuciones se limitan a solicitar la iniciación de una actuación administrativa para determinar cuál ha sido el procedimiento que terminó con la desaparición de un bien que estaba bajo resguardo municipal, y a lo sumo solo podemos expresar que el juicio se resuelva prontamente pero no podemos incidir”.
Más allá de las limitaciones inherentes a la competencia de los ediles, lo cierto es que el caso del Sr. García quizás sea una historia mínima en relación a la primera plana que en su momento obtuvo el affaire de las licencias de conducir indebidamente otorgadas. Pero aun así, no deja de poner una vez más sobre el tapete la podredumbre que campea, en algunas dependencias municipales, funcionando a manera de una metástasis institucional. Extendiendo en muchos casos, injustamente, un manto de sospecha sobre aquellos que cumplen honestamente con su rol de servidores públicos, y en algunas oportunidades han sufrido represalias por denunciar nichos de corrupción empotrados en las entrañas del estado municipal como una forma de vida de difícil extirpación.
Roberto Latino Rodríguez
