Ciudad, Jorge Elias Gomez, Opinión, Política

La protección política cubre al gobierno de Pulti de las investigaciones

Muy poco se avanza en la causa judicial, en la cual la municipalidad es investigada por el delito de malversación de fondos, provenientes del Programa de Protección Ciudadana cuyo monto asciende a $ 27.600.000.

Según el diario La Nación: “Las investigaciones judiciales en las que están en juego millones de dólares que perdió el Estado por acciones de funcionarios deshonestos corren cada día mayor riesgo de quedar en la nada, es decir, sin castigo y sin posibilidad de recuperar el dinero. Esto es debido a las demoras en la tramitación de esas causas judiciales, que llegan a durar 14 años en promedio y prescriben porque el tiempo transcurrido desde que se inicia la investigación es superior a la pena máxima para el delito imputado”.

“Así lo revela un estudio de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que identificó las causas de las demoras. La estadística lo demuestra con números oficiales de la Corte: por ejemplo, en 2009 se iniciaron 207 causas por corrupción, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena”.

No existen demasiadas diferencias con lo que ocurre en Mar del Plata, en relación a la marcha del expediente, y se puede ir conjeturando en cómo terminará la investigación. El fiscal Claudio Kishimoto la tiene a su cargo y no está exento de las presiones políticas, que además pueden provenir de inmediatos jerárquicos, a su vez inter relacionados con el poder político central.

Es así que se extendió el manto de protección política, que llegó a la fiscalía federal de Mar del Plata. Pero es importante conocer como se interconectan las partes, que cubren de impunidad a los responsables de las decisiones políticas de funcionarios, afines al gobierno:

“El estudio jurídico Righi & Asociados, hoy dirigido por su hijo Federico, asesora legalmente a sindicalistas, intendentes del Conurbano y funcionarios del Gobierno investigados por la Justicia. Ubicado en la calle Libertad al 1000, el buffet posee una cartera de clientes envidiable: desde el jefe de Inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy, imputado por el presunto encubrimiento en la voladura de la AMIA, hasta la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minicelli, involucrada por la venta irregular de YPF. También el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la manipulación de los números del INDEC, y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, por la compra de unos terrenos del Ejército”.

Pero es necesario saber que ante la Procuradoría General de la Nación a cargo de Esteban Righi,  fue presentada una nota pidiendo una aceleración en las diligencias judiciales que tramita Kishimoto.

Pero es necesario atar que Righi fue ministro del Interior durante la presidencia de Héctor J. Cámpora, y produjo un hecho trascendente en la vida institucional del país:

“El 25 de mayo de 1973 el entonces presidente Cámpora y su ministro del interior Esteban Righi decretaron una amplia amnistía refrendada por ley del Congreso (Ley 20.508 del 26 de mayo de 1973) que dejó en libertad a centenares de terroristas condenados y encarcelados (incluyendo algunos presos comunes famosos). La estructura legal federal fue desarmada, y se produjeron amenazas, persecuciones y el asesinato de jueces que habían intervenido en los procesos previos (el caso más conocido fue el del juez Jorge Vicente Quiroga, presidente de la Cámara Federal Penal que los había condenado, y que fuera disuelta por Cámpora, asesinado el 28 de abril de 1974 por los militantes del ERP Raúl Argemí y Marino Amador Fernández). Posteriormente, cuando se quiso rearmar el sistema judicial para contener a un terrorismo incontrolable, hubo jueces que se negaron a integrarlo”.

Las conclusiones son obvias. Sabiendo cómo funciona este esquema de poder y protección judicial, la Municipalidad de General Puerredón buscó los canales de acceso, para salvaguardar al doctor secretario de Gobierno doctor Ariel Ciano, involucrado directamente en la investigación junto al intendente Gustavo Pulti. Y lo encontraron a través de la vía jerárquica de Kishimoto.

Ahora por más que cuatro concejales vayan al juzgado federal, y se entrevisten con el fiscal que investiga a seis meses de las elecciones, las conclusiones resultan obvias. El circuito está con las protecciones de estilo del gobierno kirchnerista y de quienes viven del modelo como el intendente y sus funcionarios. Kishimoto ya tiene las instrucciones.

El último domingo el técnico de Alls Boys, (0-2 con River en Monumental) hizo ingresar al gordo Fabbiani cuando faltaban cinco minutos, para proteger la pelota y demorar y entretener el juego. Explicación gráfica para los amantes del futbol. En algunos casos sirve para explicar el por qué y el cómo del funcionamiento de la justicia, aunque toda la población de Mar del Plata esté a expensas de la delincuencia, las razones son políticas.

Jorge Elías Gómez

[email protected]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*