La Subsecretaría de Pesca reprobó un nuevo examen de la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo de control no solo comprobó que el Estado sigue sin prevenir la sobreexplotación de los recursos pesqueros, en especial la merluza Hubbsi y el calamar Illex.
También reveló que está inerme a la hora de castigar a los infractores. De las multas que aplicó a las firmas pesqueras entre 2006 y 2009, por un total de casi 90 millones de pesos, pudo cobrar apenas 13 millones.
La AGN analizó el desempeño del área pesquera, que depende del Ministerio de Agricultura, en 2002, tras la llamada “crisis de la merluza”. Volvió a hacerlo entre fines de 2006 y principios de 2009. El informe de esa auditoría se conoció ahora y tiene conclusiones lapidarias: “Algunos de los problemas antes observados se han profundizado y el sistema de fiscalización presenta inconsistencias en varios puntos”, señala.
¿Qué observó la AGN? Pues que las autoridades pesqueras siguen sin hacer respetar el Cupo Máximo Permisible para la merluza fijado por estudios técnicos del INIDEP, y que por lo tanto la pesca real excede año a año la disponibilidad del recurso, impidiendo su recuperación. Advierte: “Según alerta el INIDEP, la biomasa reproductiva se encuentra en niveles críticos lo que indica que la explotación del recurso no es sustentable”.
Para agravar esa situación, la Auditoría detectó severos problemas en el control del sector. “A pesar de detectar vulneraciones a la Ley Federal de Pesca, el inspector embarcado no labra el acta correspondiente y falsea el registro de pesca responsable, o labra mal las actas de infracción, imposibilitando el inicio del sumario correspondiente”, describe el informe.
Pero la frutilla del postre es que, de todas las multas labradas en ese período (por $89.987.358), la Subsecretaría de Pesca logró cobrar apenas $13.336.016. Es decir, un magro 15% del monto.
