El 9 de junio se realizará la votación por el SI o NO al proyecto de una Policía Municipal. Más allá de pensar que la creación de una fuerza de seguridad local puede tener fines electoralistas o no, si es aceptable que la misma se financie con un aumento de tasas o no y los problemas que podría tener al carecer de un marco legal, el eje del problema es qué hacer frente a la escalada de la inseguridad en Gral. Pueyrredón. La voluntad política es fundamental para combatir el problema, pero no se pueden encontrar soluciones acertadas cuando se parte de un análisis equivocado del problema.
El paradigma que plantean los grandes medios de comunicación y una buena parte de la clase política es que la causa de la inseguridad es la ausencia del Estado, que la policía deja “zonas liberadas” por negligencia, y que hay problemas de presupuesto para garantizar la seguridad. Esta perspectiva viene viciada de un contenido discriminatorio, que generalmente deriva en reclamos de “mano dura” y de criminalización de la pobreza. Frente a esta hipótesis, la solución sería más policías, más patrulleros, más armas, más cámaras.
Nosotros partimos de un paradigma totalmente opuesto: hay inseguridad porque la policía, los inspectores, los punteros y en alguna medida la justicia tienen completo control de la calle y solo permiten aquellos negocios delictivos que les permiten obtener dividendos mediante la coima o la participación directa dentro del entramado mafioso. El Estado no esta ausente sino que está presente mediante elementos corruptos que se benefician con la inseguridad haciendo de ella un gran negocio.
En Mar del Plata fueron paradigmáticos los hechos que pusieron en evidencia esto que venimos denunciando, basta citar los casos más resonantes como el asesinato de Dardo Molina, el de Alejandro Sosa o el niño de 12 años baleado recientemente en barrio Belgrano. Puntualmente, desde nuestra experiencia destacamos en el caso de la red de proxenetismo que funcionaba en el prostíbulo Dulcinea. Dicha red trabajaba en conjunto con personal de Drogas Ilícitas, que cobraba por avisar los allanamientos; y con funcionarios de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones. Estos casos pusieron en relieve que la corrupción policial y abuso de poder están ligados a ciertos negocios de cuales los uniformados son participes necesarios. Los vecinos de los barrios son testigos de cómo una y otra vez la policía controla puntos de venta de drogas, prostíbulos, desarmadores de autos, talleres clandestinos y otros “kioscos” que conforman una recaudación millonaria. Es iluso pensar que esta nueva fuerza de seguridad podrá mantenerse al margen del entramado mafioso en el accionar diario cuando, como decíamos anteriormente, no son los únicos actores que forman parte de estos ilícitos.
Frente al grave descalabro que existe hacia el interior de la fuerzas de seguridad no hay respuestas políticas. Esta en una de las principales causas de la inseguridad y una Policía Municipal no tendrá poder de fiscalización sobre la Policía Bonaerense, ni competencia para desarticular los negocios armados en este entramado mafioso.
Por otro lado, debemos alertar sobre el antecedente más importante como es la Policía Metropolitana del Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Con dos años y medio en funcionamiento, la fuerza sólo intervino en cuatro conflictos, de diversa índole, en los cuales el resultado fueron siempre represiones violentas con decenas de manifestantes heridos y detenidos. En orden cronológico, hablamos del Parque Indoamericano, del Parque Centenario, de la Sala Alberdi del Teatro San Martín y del Hospital Borda. Los hechos más graves, se registraron en la represión a la toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati, donde 3 personas murieron en manos de la fuerza. El comisionado mayor de la Metropolitana, Ricardo Ferrón está imputado como el autor material de los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña, y curiosamente prestaba declaración indagatoria en el marco de la causa el mismo día que la fuerza de seguridad porteña reprimía a los manifestantes que se oponían al desalojo de una parte del Hospital Borda.
En la actualidad, cuando se descubre a los uniformados delinquiendo no se los echa de fuerza sino que se los traslada de una ciudad a otra y el problema no se resuelve. En este punto es preciso aclarar que luego de la primera etapa planteada por el ejecutivo local, en la cual se formarían 300 efectivos que serían el núcleo duro de la fuerza, el resto de los efectivos serán aportados por la Policía Bonaerense. Por lo cual, tenemos razones para asemejar este proyecto con la Policía Metropolitana, la cual adsorbió un grueso de los efectivos de la Policía Federal que habían sido desplazados de la fuerza.
Por lo tanto, frente al problema de la inseguridad no pedimos más policías, más patrulleros, más cámaras, sino que reclamamos por purgas profundas de todos los elementos mafiosos que forman parte del aparato del Estado. Y como propuesta hacia la sociedad, vemos la efectividad de que los vecinos se organicen y se animen a denunciar lo que pasa en los barrios. Elaborando en asambleas mapas del delito, reuniendo las denuncias de otros vecinos y presentándolas en todas las dependencias que tienen competencia, y reclamando que se investigue y se avance en la desarticulación de las redes mafiosas que conforman la inseguridad.
