Las fincas Compañía Frutihortícola S.A., Quinta Costa Mari y la Quinta Rueda, ubicadas a la altura de Batán y Sierra de los Padres, resultaron allanadas por la Gendarmería ayer, tras ser investigadas en una causa judicial impulsada por la ONG La Alameda.
350 gendarmes llevaron adelante el operativo, que incluyó a un helicóptero que realizó observacio
nes desde el cielo.
Los investigadores sospechan que en las viviendas precarias de los alrededores se alojan las entre 400 y 500 personas contratadas en las huertas.
Gustavo Vera, titular de la Alameda, presentó el pasado 18 de enero una denuncia ante la Fiscalía General con cámaras ocultas y testimonios con identidad reservada, en la que aseguraba que las fincas son actualmente “verdaderos campos de concentración totalmente cerrados al exterior”, incluso apoyado por versiones de los vecinos que dicen que “la incorporación de personal de nacionalidad boliviana no se hace espontáneamente, sino mediante reclutadores o conocidos directos”.
La ONG también denunció que las frutihortícolas cuentan con el respaldo policial ya que no se permite el ingreso de médicos ni docentes.
Por último, aseguraron que niños de entre 6 y 11 años trabajan de manera esclava en el lugar, manejando sustancias tóxicas, al igual que sus padres.
La causa está a cargo del fiscal Gustavo Rodríguez, con intervención del juez Rodolfo Pradas y se espera que continúen con esta investigación.
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