La ciudad vuelve a padecer la paralización del servicio, que impulsa precisamente Luis Martín, secretario General del Sindicato de Camioneros, pero que además es funcionario jerárquico dentro de la estructura de control del servicio, y forma parte de la numerosa planta política designada por el intendente.
Pulti, Martín y hasta Hugo Moyano, aparecen atendiendo de los dos lados del mostrador, en un desquiciado contrato cuyo incumplimiento es absolutamente irregular, habiéndose creado estructuras paralelas que prestan servicios adicionales, que son cobrados a empresas y comercios mediante ardides semánticos, que inexplicablemente admite el ENOSUR.
Cuando la municipalidad comunica que se trata de un conflicto ajeno a la administración, no dice la verdad, ya que el conflicto entre la empresa y el Sindicato de Camioneros, es una responsabilidad en la cual está involucrada la comitente. Existen atrasos en los pagos, incumplimientos de leyes previsionales, con la AFIP, no se actualiza el parque automotor afectado al servicio, y la frutilla del postre es que el sindicalista a cargo del control del servicio es una autoridad del sindicato que lleva adelante la medida de fuerza.
La recolección de residuos, camioneros y Pulti, han estado siempre unidos por un hilo conductor donde se han mezclado intereses económicos, políticos y personales. Sin ir más lejos el conflicto sorprende a dos de sus protagonistas, que deberían estar enfrentados, ya que Moyano impulsa un partido para disputar el poder de CFK, mientras que Pulti está sodomizado por la Casa Rosada.
Este es el contexto por el cual pagan los costos los vecinos y contribuyentes de Mar del Plata. Insólitamente la UCR, el Frente Para la Victoria y Agrupación Atlántica, no emiten opinión sobre el tema que castiga a la población.
El 8 de mayo la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mar del Plata, ingresó al Concejo Deliberante una nota pormenorizada sobre los cobros indebidos de la empresa prestataria del servicio, pidiendo la revisión del procedimiento de las Ordenanzas 2002 y 21037 que se aplica a sus asociados, y ha generado un millonario negocio que permite el ENOSUR, sin que exista hasta el momento pronunciamiento algunos de concejales oficialistas y de la oposición.
