El combate contra la inseguridad, da lugar a manejos indiscriminados de cuantiosas partidas de dinero, que deben aplicarse a garantizar la seguridad a los habitantes de la ciudad. En los últimos tiempos, ante el crecimiento del delito y la violencia de los mismos, las autoridades políticas municipales, provinciales y nacionales, reaccionaron otorgando millonarias partidas de fondos públicos a equipamiento, combustible y otros ítems relacionados, a una mejor prestación de ese servicio público que debe prestar el Estado.
Esta actitud y decisión política es la respuesta al reclamo de la población ante la falta de seguridad. El poder de turno responde con celeridad para no crear más temor ni generar una sensación de descontrol ni puebladas ni desbordes sociales.
Todo este despliegue produce un gasto de características extraordinarias, mucho más que la mayoría del mismo se concreta bajo el estado de emergencia, bajo el cual los sobreprecios giran inexorablemente. Hay montada una red en torno a este manejo, donde aparecen los mismos actores, atrincherados en las estructuras de las primeras líneas en la toma de decisiones.
El tema fue puesto en debate el jueves último, por la periodista María O´Donell en el programa DDT, que conduce Jorge Lanatta y se emite por Canal 26 en la señal de cablevisión. Durante el mismo no se descartó la posible comisión de actos de corrupción, mencionando a Mar del Plata, como una de las ciudades de la provincia, donde se pueden constatar una serie de irregularidades, tales como adquisición de cámaras de seguridad, patrulleros, combustible, alojamiento y viáticos para fuerzas de seguridad.
En el marco de la denuncia, que actuando de oficio presentara el doctor Juan Manuel Pettiggiani, que investiga la fiscalía a cargo de Kishimoto, se han presentado documentos que prueban que existen partidas de recursos que son absorbidas por otras, lo cual deja en evidencia, que los nuevos fondos destinados a pertrechar convenientemente a los efectivos,en realidad juegan como compensación de convenios firmados con anterioridad, lo cual constituye una defraudación al contribuyente.
