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El Estado argentino pagará hasta 2.000 pesos por cada arma entregada voluntariamente

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Se trata de la resolución 365 de este año del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contempla una actualización a partir del 7 de abril de los incentivos, por lo cual un arma cuyo incentivo era de 200 pesos desde ahora será de 1.000.

“Esta actualización de los valores y el cambio en los tipos de calibre es una clara señal que la decisión es invertir para sacar las armas de la calle”, dijo el director del RENAR, Matías Molle.

El programa logró recolectar 151.000 armas y un millón de municiones, en las 21 sedes del RENAR y en los puestos móviles que recorrieron el país.

Según explicó Molle, antes de esta actualización el incentivo aumentaba a partir del calibre y el tipo de arma.

En cambio, a partir de ahora, se privilegió aumentar los incentivos de aquellas armas y calibres que con mayor frecuencia se encuentran en el mercado o que son incautadas por las fuerzas de seguridad.

El rango de los incentivos que antes iba de 200 a 600 pesos ahora se amplió y aumentó de 500 a 1.000 y las armas de uso más común se equipararon, por lo que un calibre 22 por ser de uso más corriente pasó a recibir un incentivo mayor.

El objetivo del desarme es reducir la circulación de armas y destruirlas lo que se logra gracias a la Ley 26.218, que también actualiza la amnistía que permite a la persona realizar la entrega del arma en forma anónima.

Según datos de la cartera de Justicia, el año pasado en el partido bonaerense de Campana, en un solo operativo se concretó la destrucción más grande desde que se inicó el programa: 40.000 armas.

La iniciativa, que surgió de la sociedad civil y fue impulsada en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, recibió una importante mención a nivel internacional.

El año pasado en Nueva York el programa recibió el premio “Política del Futuro 2013”, de parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria.

El galardón reconoce el desarme implementado desde el estado nacional como “una política sostenible, que demuestra que el cambio positivo es posible cuando hay voluntad polí­tica”.

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, las muertes por armas de fuego, que rondaban en 2002 los 4.500 casos   se redujo a la mitad en 2002.

La importancia de impulsar la recolección de armas con su posterior destrucción contribuyó a controlar y a prevenir la violencia armada, informó la cartera de Justicia y DDHH, que precisó que desde 2003 se redujo en un 92 por ciento la portación de armas en manos de civiles.

“Nuestro objetivo es destruir la mayor cantidad de armas posible”, afirmó Molle, que recordó que 2013 “fue récord para el Registro Nacional de Armas”, cuando se recolectaron y destruyeron más de 60 mil armas.

El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego continúa hasta el 31 de diciembre de 2015, gracias a la prórroga que le otorgaron las Cámaras de diputados y senadores.

Télam

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