Advirtió el secretario General del Sindicato de Guardavidas Néstor Nardone, a los miembros de la Comisión de Hacienda, en el marco de la reunión que tuvo lugar el viernes, exigiendo que se diera cumplimiento a las recurrentes promesas de incorporar la municipalización del servicio de seguridad en playas a los seis pliegos de bases y condiciones de las unidades turísticas fiscales en tratamiento.
La presencia y el talante crispado del grupo de guardavidas que acompañaba al dirigente gremial, llamó a prudencia al oficialismo que, a través de la edil Claudia Rodríguez, mocionó que los expedientes en cuestión quedasen en comisión, a la espera de la respuesta a la consulta efectuada, oportunamente, al secretario de Gobierno, Pablo García.
A todo esto, los ediles de Agrupación Atlántica, José Cano, y de la UCR Cristina Coria, dejaron en claro que el Cuerpo Deliberativo no tenía atribuciones para crear cargos o gastos al Departamento Ejecutivo, el cual, en última instancia, debería definir la situación planteada.
Por su parte, el concejal del FPV Pablo Retamoza adelantó que su bancada estaba “de acuerdo con la municipalización del servicio”, sosteniendo que “entendemos que hay que discutir cual va a ser la ecuación económica para que los empresarios paguen lo que tienen que pagar a los efectos de que los guardavidas sean municipales. El pliego viene abierto para que nosotros lo convalidemos de una manera u otra. Es el momento para discutir las ecuaciones económicas, porque si no vamos a votar un pliego a 40 años sin el compromiso de los empresarios de solventar el servicio de guardavidas. Este es el mejor momento para hacerlo y por eso sí no tiene estas modificaciones vamos a votar los pliegos negativamente”.
Cabe traer a colación, que la no incorporación a los pliegos de la municipalización del servicio de seguridad en playas, afectaría a alrededor de 180 guardavidas del sector privado a quienes el régimen jubilatorio los obliga a trabajar 25 temporadas completas aunque se excedan en edad, poniéndolos en una situación de inequidad previsional con respecto a aquellos que se desempeñan en el sector público, para quienes la misma temporada de 3 meses equivale a 1 año de servicio.
Roberto Latino Rodríguez
