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El Consorcio Portuario desalojó el astillero Unión

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El operativo se cumplió en la mañana de este lunes con el apoyo de Prefectura y sin incidentes. Se espera que la denominada parcela 28-A comience a ser explotada por Tecnopesca.

El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata recuperó en las primeras horas de este lunes el control de la parcela 28-A, que venía ocupando el Astillero Unión con permiso de uso vencido desde el pasado 28 de marzo.

El operativo se realizó con el apoyo de Prefectura y sin haberse registrado incidentes. El Puerto pertenece al dominio público del Estado provincial, por lo cual ningún particular puede alegar sobre el mismo un derecho de propiedad individual”, justificó el ente.

Agotada la vía del acuerdo y con todos los recaudos administrativos y legales, el desalojo permitió que el Consorcio recobrara la tenencia del predio, cuya explotación ya había sido adjudicada a Tecnopesca Argentina.

Ese acto se dictó con la previa intervención de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires y los Órganos de la Constitución.

Así, la firma de Enrique Godoy explotará el astillero durante los próximos diez años. Durante ese lapso, la empresa planea invertir unos 7 millones de pesos y asegurar la continuidad laboral de 39 operarios, según se dio a conocer.

El capital se volcará sobre la puesta en valor de las instalaciones, deterioradas tras el comando que ejercieron Franco Barillari, primero, bajo el nombre de Astillero Mar del Plata, y Martín Vinar, después, ligado a Zona Común.

“La decisión de Astillero Unión, pese a la evidente oportunidad que el derecho de preferencia le confería, fue la de no presentarse al llamado a licitación, lo que dependió de su sola voluntad y le generó la pérdida de aquella ventaja”, dieron cuenta las autoridades.

Hoy, la cara visible de la empresa desalojada es Walter Castro, el dirigente expulsado del Saon Mar del Plata en medio de denuncias por manejos irregulares, y actual responsable del Sanam. Castro aseguró que el desalojo carecía de legalidad, invocando que el mandato del interventor del Consorcio, Matías Machinandiarena, estaba vencido.

Sin embargo, el funcionario mantiene el poder para ejecutar los actos administrativos. Incluso, recibió el aval del Juzgado Provincial de Garantías de turno en lo Penal N° 6 antes de avanzar sobre la parcela 28-A.

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