Tras el escándalo suscitado con dos buques marplatenses que fueron demorados por la Armada Nacional del Uruguay debido a que habrían estado pescando en zona no permitida, el delegado municipal del Puerto, Mariano Retrivi, salió a dar explicaciones debido a que él es copropietario del pesquero San Jorge I, uno de las embarcaciones detenidas.
El funcionario, que actualmente se encuentra en Uruguay solucionando este inconveniente, aseguró que como armador “jamás le ordenaría a la tripulación de mi buque la práctica de algún tipo de pesca ilegal” y aseguró que por sus convicciones “sería incapaz de someter a mis tripulantes y jamás pondría en riesgo una herramienta de trabajo”.
Además, con la firma del propio Retrivi, la empresa armadora de los buques San Jorge I y Juan Pablo II -la otra embarcación demorada- emitió un comunicado en el que se asegura que ambos navíos fueron interceptados y abordados “fuera de las aguas de jurisdicción exclusiva del Uruguay”. Así negaron las versiones que trascendieron ayer.
Desde la compañía indicaron que la noticia llegó “algo distorsionada” y agregaron que “probablemente de manera apresurada, hablaban de barcos detenidos por pesca ilegal”. Esto, aseguraron “contribuyó a sembrar más confusión y dudas en relación a la ubicación precisa en la que fueron interceptados estos buques y a su derrotero real”.
La información proveniente de Uruguay señalaba que los buques pesqueros de bandera argentina fueron detenidos a cuatro millas náuticas de la costa, al oeste de la ciudad del Montevideo, con 45 toneladas de corvina en cada una de las bodegas, al tiempo que se constataron otras infracciones no especificadas.
Entre los fundamentos de por qué se encontraban en esa zona, se explicó que “la navegación marítima está absolutamente permitida en la Zona Común de Pesca que comparten la Argentina y Uruguay. Incluso, también está autorizada dentro de la zona de uso común, en el ámbito de las aguas del Río de la Plata y su frente marítimo, bajo la regulación de la Comisión Administradora del Río de la Plata”.
Es por esto que, se indicó, “es común que frente a determinadas contingencias los buques ingresen a esta zona, arrimándose a la costa de Uruguay con el propósito de efectuar tareas pasivas durante la navegación, como ser la reparación de motores o bien el arreglo de alguna red u otros implementos”. Este habría sido el caso de ambos buques pesqueros.
Por eso desde la compañía consideraron que la detención de las embarcaciones se dio por “un error por parte de las embarcaciones argentinas”, el cual fue “no dar aviso radial a la Prefectura Nacional Uruguaya, informando acerca del ingreso a dicha zona”. En el comunicado señalan que “mediante este simple procedimiento radial, la autoridad marítima autoriza a navegar o fondear libremente en la zona en cuestión”.
El hecho ocurrió el pasado viernes y posteriormente se dio intervención a la Justicia uruguaya, donde se dictaminó que no existió ningún delito y ordenó a la Prefectura que continúe con el correspondiente sumario administrativo, a fin de determinar si existió alguna infracción a la Ley de Nacional de Pesca de ese país.
Según dicta la sentencia: “el sábado 30 de agosto, el juez letrado, doctor Luis Charles, dispuso conducir a los patrones de las embarcaciones al centro de investigación criminal y luego de indagarlos y no encontrar elementos que determinen estar frente a un delito, a la hora 19:10 dispuso cerrar y archivar la causa y proceder a los actos administrativos competentes”.
