Más de 800 agentes penitenciarios fueron desplazados y a otros 5000 se les abrieron sumarios por haber protagonizado diversas irregularidades y actos de corrupción. La auditoría civil que investiga desde hace seis meses al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) también desplazó a más de medio centenar de jefes carcelarios.
Fernando Rozas, director de Auditoría y Control de Gestión del SPB, empezó su tarea el 25 de octubre de 2016; desde entonces desplazó a 847 agentes penitenciarios y sumarió a unos 5000 más por abandono de servicio y faltas graves, entre otros hechos. Aunque no todos esos sumarios terminarán en expulsiones, en los próximos meses los despedidos llegarían a 1000. Además fueron removidos 64 jefes: cinco de la plana mayor, nueve subsecretarios generales, seis jefes de complejo, ocho secretarios y 36 directores de unidades.
Algunos agentes penitenciarios están de acuerdo con la “limpieza”, pero otros ya presentaron recursos de amparo ante el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre ellos, unos consideran que la intervención está bien, pero que “están metiendo a muchos en la misma bolsa”. En tanto, otros opinaron cosas tales como: “Los cambios eran necesarios, hay muchas ‘transas’. Pero el problema está arriba, no con los vigilantes, y los cambios más grandes los sufrimos nosotros”.
Según el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari , la situación no genera conflicto en las unidades penales: “No hay resentimiento en las unidades porque la principal cantidad de personas que sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes”, aseguró Ferrari, que anoche fue entrevistado en el programa La Nación.
Lo que sorprendió al ministro fue la cantidad de agentes penitenciarios que tenían causas penales y seguían cobrando el sueldo: “Lo que más me impactó fue encontrar que en una fuerza de seguridad había mucha gente condenada”.
Una de las primeras decisiones que se tomaron desde la intervención fue pedir el registro de reincidencia y cruzarlo con la base de datos de los 23.000 agentes. Así encontraron 56 condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation. Esos 400 agentes penitenciarios condenados por delitos seguían cobrando el sueldo. Algunos, según sus mismos compañeros, habían sido condenados por “venta de drogas”. En los últimos años, a los que ingresaban en el SPB no se les pedían antecedentes penales.
Como parte de la auditoría hay seis grupos itinerantes, que llegan en forma sorpresiva cada semana a los penales. Y casi siempre se topan con irregularidades. Por eso muchas veces se encontraron con sus autos pintados o con las cubiertas rotas, a modo de amenaza.
Antes de la intervención no había control de asistencia en las unidades. Cuando desde la auditoría lo empezaron a hacer, en noviembre pasado, se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas del área de salud penitenciaria (médicos, enfermeros, psicólogos) no cumplía el tiempo mínimo de trabajo. En ese escalafón profesional se deben cumplir 25 horas semanales de trabajo. Y lo que se encontró fueron profesionales que habían trabajado un promedio de siete horas mensuales. Por eso, muchos sumarios se abrieron por “abandono de servicio”.
“Había miles de tipos destinados en lugares donde no hacía falta”, contó Fernando Rozas. Trabajando en tareas administrativas había 8000 agentes. Pero sólo 543 figuraban en el escalafón administrativo: el resto pertenecía al escalafón general, por lo que cobraban un 35% más y debían estar en las unidades, en contacto con los presos. Ahora, muchos están siendo enviados nuevamente a las unidades penales.
La situación no era igual en toda la provincia. En algunas cárceles había un agente penitenciario cada siete detenidos y en otras, el doble de guardiacárceles que detenidos. En la alcaidía Roberto Pettinato, de esta ciudad, había 78 presos y más de 160 agentes.
Desde ahora, los administrativos ya no cobran viáticos ni horas extras: sólo las cobran quienes trabajan en las cárceles. “Es un incentivo para quienes están en contacto con los internos, que es un trabajo de riesgo comparado con las tareas de oficina, en las que el riesgo más grande es quedarse sin tinta para la impresora”, graficó Rozas.