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Desde el Astillero Unión denuncian irregularidades en torno a su parcela

Directivos de Astillero Unión denunciaron ante la justicia las irregularidades que se han cometido en torno a la parcela 28-A que ocupa la empresa dentro de la jurisdicción del puerto local.
El acceso al astillero se encuentra bloqueado desde el pasado 7 de agosto, cuando un grupo personas, en su mayoría afiliados al Sindicato de Obreros Navales (SAON), agredieron al nuevo presidente del Directorio, Cesar Briatore, y montaron una carpa que todavía permanece en el lugar.
Astillero Unión
Desde la empresa de reparaciones navales realizaron una reseña de los hechos sucedidos en todo este tiempo sin que las autoridades del Consorcio Portuario, la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Trabajo, brinden las respuestas acordes al boicot que sufre una empresa que cumplía con sus obligaciones.
“El cambio del directorio vino a salvar la empresa y la negativa de un puñado de dirigentes nos ha hecho perder tiempo y mucho dinero”, aseguró Briatore quien especificó que la denuncia integra el Sumario 131/13, que se tramita en la sede de la Coordinación General de Mediación Penal a cargo del Dr. Sergio  Irigoin.
La cronología exacta de los hechos es de la siguiente manera:
5 de agosto. Astillero Unión paga la totalidad de los salarios de los 52 trabajadores.
6 de agosto. El SAON desconoce a las nuevas autoridades de la empresa, agreden verbalmente a los nuevos integrantes del directorio, desalojándolos del lugar
7 de agosto. SAON ratifica medida de fuerza que se mantiene hasta hoy a instancias del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.  Nunca se dictó conciliación obligatoria.
13 de agosto. Astillero Unión solicita a Prefectura un servicio de guardia adicional para el resguardo del orden a las puertas del predio.
15 de agosto. El Prefecto Mayor Barrios Cardozo informó a la empresa que se cubriría un servicio de policía adicional. Al día de hoy nunca se ha hecho efectivo a pesar de existir reiteradas denuncias y disturbios. El acampe del SAON ocurre a escasos 20 metros de la Delegación.
15 de agosto. La empresa acredita el nuevo directorio ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, requisito expuesto por los trabajadores para levantar el bloqueo. El predio sigue bloqueado.
16 de agosto. Se presenta ante el Consorcio Portuario documentación solicitada referente a la renovación del permiso de uso, otro requisito solicitado por los empleados para levantar el piquete que cumplió la empresa y no hubo respuesta favorable.
19 de agosto. El portero del astillero fue echado bajo amenazas e insultos por las personas del bloqueo, algunas de ellas ajenas al personal del astillero e identificadas con chalecos del SAONSINRA.
22 de agosto. La empresa intima a retornar las tareas a las personas que interrumpen la actividad. Los empleados rechazan al nuevo directorio y reclaman el pago de primera quincena a pesar del daño material y económico, a pesar de no haber trabajado y a pesar que la empresa abona sueldos mensualmente.
25 de agosto. Pese a estar imposibilitada de trabajar, la empresa se acogió a los planes propuestos por AFIP a razón de más de 130 mil pesos mensuales.
26 de agosto. SAONSINRA anuncia haber solicitado al Consorcio que se revoque la concesión y amenaza con endurecer medidas contra la administración portuaria.
27 de agosto. A pedido de la empresa se realiza una inspección notarial donde se constata la falta total de actividad debido al bloqueo, las reparaciones y trabajos interrumpidos y la falta de control de la empresa sobre el acceso al predio.
27 de agosto. Los trabajadores ajenos al bloqueo manifiestan en acta notarial su voluntad de trabajar, la cual es impedida por el bloqueo del SAONSINRA y el evidente lucro cesante sobre las obras interrumpidas y la imposibilidad de tomar nuevos trabajos.
27 de agosto. La empresa solicita intervención urgente al Ministerio de Trabajo Provincia, por Expediente 21528-32844-13. La delegada prefiere trasladar el expediente a la Dirección Provincial de Relaciones Laborales donde su titular, Marino Calcopietro nunca emitió dictamen ni gestionó trámite alguno.
31 de agosto. Se contrató el servicio de vigilancia privada PROSEGUR a fin de resguardar las instalaciones, que le pertenecen a la provincia de Buenos Aires y las obras a los clientes. Italo Carrizo, en nombre del SAONSINRA, impidió la tarea, poniendo a la empresa en cuadro de total indefensión ante cualquier desmán que pueda ocasionar personas que protagonizan el conflicto o ajenas a él.
2 de Septiembre. Astillero Unión cursa 19 despidos con causa ya que no se retomaron las tareas luego de ser intimados y no habiendo reclamo formal que justifique la acción directa contra la empresa.
2 de septiembre. Los trabajadores ajenos a este conflicto que suman más de veinte, cursaron aviso a la empresa que dada la falta de garantías de seguridad física, no asistirán a la jornada laboral hasta tanto los responsables no subsanen esta situación. Los únicos trabajadores que continuaron ajenos al conflicto y permanecieron en sus puestos de trabajo dentro del predio fueron: Miriam González (Jefa de Personal), Julio Briatore (Portero), Juan Rudolph (Portero nocturno), Guillermo Di Maulo (Supervizor de sección electricidad)
6 de septiembre. La empresa abona al Consorcio la suma de $122.296,43 en concepto de canon Julio-Agosto y acuerdo de deuda Astillero Mar del Plata SA. Además abona en tiempo y forma los sueldos de aquellos trabajadores ajenos al bloqueo a pesar de no facturar.
13 de septiembre. El Consorcio emite la Resolución 112-09/2013 donde hace llamado público para concesión del permiso de uso del predio 28-A que actualmente ocupa Astillero Unión. por 10 años.
13 de septiembre. Ex empleados de la empresa agreden a la Jefa de Personal y al portero, cortando además líneas telefónicas y desalojándolos del lugar con lo cual formalizan otra denuncia penal en la Prefectura.
14 de septiembre. No habiendo personal responsable a cargo del cuidado de las instalaciones, los bienes propios y de terceros, el presidente del Directorio se acerca al predio y advierte personas desconocidas dentro de las instalaciones. Se formaliza la denuncia por usurpación, constatándose el hecho por efectivos de Prefectura.
Desde ese día hasta la fecha, nada ha cambiado, nada se ha resuelto, nada hace suponer que el ataque perpetrado contra la empresa y los enormes daños producidos, terminen.
“Será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades de todos quienes no hicieron lo que debieron hacer en esta situación. De todas maneras  queremos hacer esta denuncia pública de este verdadero atropello impulsado por un sindicato que no tiene potestad para cuestionar a los nuevos directivos de la empresa y está empecinado, junto a otros actores del puerto, a trabar cualquier posibilidad de crecimiento del astillero que venga de la mano de la gestión de los propios trabajadores”, sostuvo Briatore.

Un comentario

  1. El Consorcio debe demasiadas explicaciones acerca de su accionar. Parece ser enemigo de la producción y amigo de sus aliados, nada más

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