La compensación a las distribuidoras de gas por el costo ocasionado de la devaluación sigue levantando revuelo en el ámbito judicial. A las denuncias hechas por el fiscal Marijuan y el diputado Rodolfo Tailhade (FPV), ahora se sumó la Asociación Ciudadana por la Transparencia y la Anticorrupción (ACITA) que atenta tanto contra el Gobierno como contra las energéticas.
La polémica surgió a partir de un decreto de la secretaría de Energía, por el cual se estableció un aumento tarifario para resarcir a las empresas ante la variación del tipo de cambio. Finalmente, frente al descontento social y la presión del radicalismo, el Gobierno terminó dando marcha atrás y se hizo cargo de la transferencia de $ 20.000 millones.
En consecuencia, ACITA asegura que dicho desembolso “es ilegal porque el marco normativo no prevé ningún tipo de compensación por la variación del tipo de cambio, que está a cargo de las empresas bajo el propio riesgo empresario”, dado que “las devaluaciones en Argentina no son extraordinarias, sino habituales”.
Como principal argumento, destacan que el propio ente regulador de la actividad (Enargas), puso de manifiesto que no correspondía aceptar ajuste alguno en el precio del gas, tan solo unos días antes de la resolución dictada por Iguacel
“El Enargas ha rechazado los argumentos planteados en tanto toda la argumentación de las licenciatarias resultaba hipotética y meramente conjetural, dado que no acreditaron materialmente el efectivo pago del gas al tipo de cambio actualizado”, figura en la denuncia bajo cita de dicha entidad.
Por otro lado, sostienen que la mayoría de las distribuidoras tendrían contratados seguros de cambio, en virtud de los cuales, “intentan obtener un beneficio doble” de cobrar estos seguros junto a la compensación estatal.
Es por eso que se acusa a los directivos de Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur, Naturgy Energy Group, Ecogas, Gasnor, Gasnea y Litoral Gas por “por pretender cobrar una compensación a sabiendas de que no les corresponde”.
Metrogas compró dólar futuro y estaría cubierta por la devaluación
El documento legal también carga contra el presidente Macri, el secretario Javier Iguacel y el Jefe de Gabinete Marcos Peña por los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La parte acusadora, a su vez, pide intervenir como querellante al ser “una asociación civil que tiene como misión velar por la transparencia, lucha contra la corrupción y prácticas contrarias a la ética”.
Fuente: LPO
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