Desde la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA) volvieron a cuestionar la reforma de la ley 13930 que establece aumentos en los gravámenes, que planea implementar la Gobernación bonaerense. Desde la entidad se hace un llamamiento a fuerzas sindicales y políticas para “resistir esta medida, que nos lleva necesariamente al quiebre del sistema portuario bonaerense”.
Miembros de esta Asociación ya habían anunciado su punto de vista al gobernador Daniel Scioli y días atrás se reunieron con en la sede del Ministerio de la Producción, con el ministro Martín Ferré, el subsecretario de Actividades Portuarias, Luis Abot, diputados provinciales y los representantes sindicales de todos los puertos bonaerenses, tanto de la actividad portuaria como marítima.
Allí lo funcionarios provinciales explicaron las medidas que pensaban tomar, fundadas en la creación de un Fondo de Infraestructura Portuaria que se crearía sobre la base del 30 % del total de lo facturado por los puertos provinciales, quedando habilitadas las administraciones portuarias para aumentar las tarifas hasta un 40 %.
Desde la APDFA señalaron “lo inconveniente de semejante medida” y aseguraron que “pone en zozobra la continuidad laboral de centenares de trabajadores y proyectos en curso”. Destacaron el caso de la firma Tecplata en Berisso en jurisdicción del Consorcio Puerto La Plata, que en caso de modificarle las variables proyectadas se retiraría. Igual suerte correría el Consorcio de San Pedro.
En el caso del Puerto de Mar del Plata, explicaron que “al incluir la producción pesquera, actualmente en crisis, el ajuste alcanza al 95 % de su actividad en el movimiento de mercaderías, lo que hace inaplicable un aumento de tarifas de este tipo. Mucho peor se le haría a la administración del puerto al retirarle el 30 % de su facturación”.
Es más, desde esta Asociación aseguraron que apoco de anunciarse esta medida “ya circulaban rumores de suspensiones y vacaciones anticipadas en varias terminales de Bahía Blanca y Necochea”. Por lo que “es este el panorama que se reproduce en cada puerto, lo que pone en jaque la continuidad de su funcionamiento, sea este administrado por la Provincia en forma directa o consorciada”.
A través de un comunicado, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos anunció que la medida que se pretende implementar “persigue un objetivo exclusivamente recaudatorio y se pretende justificar desde la opinión de algún funcionario, con un tono ideológico de tono vagamente estatizante que no se corresponde con la realidad”.
Finalmente llamaron a “frenar el impuestazo y echar a los funcionarios que lo propician” y además dejaron en claro su postura: “no compartimos y nos oponemos a las medidas que se anunciaron. Tenemos que dar la discusión política sobre la continuidad de la administración de los puertos y tomar decisiones. Si no lo hacemos nosotros la realidad la tomará por todos nosotros”.
