Política

Criminalización de dirigente del PSA en Mar Chiquita

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A raíz del proyecto del Intendente Paredi (FPV) en el 2010 de construcción de una planta cloacal en la entrada a Santa Clara del Mar y de la ausencia de alguna organización u oposición política que frenara este certificado de defunción para la localidad y sus alrededores –cuya fuente de ingresos, casi excluyente es el turismo-, surge la Asamblea Popular y Ambiental.

El dirigente más reconocido de la Asamblea es el vecino santaclarense Jorge Gómez (Secretario General del PSA Mar Chiquita).

La Asamblea, tras una minuciosa investigación y asesoramiento técnico, instalación entre los vecinos del tema de la planta cloacal y su nefasto impacto, el juntado de más de 1000 firmas (en una población de aproximadamente de 7000 personas), la participación de Gómez en la banca ciudadana del deliberativo local, y la movilización popular, logran impedir el despropósito de Paredi.

En el verano 2011 la Asamblea volvió a la calle para enfrentar el “boletazo” de la única línea de colectivos (221) que une a Santa Clara con Mar del Plata y que, en 40 días, aumentó un 100 % el precio de su boleto. En una de las concentraciones se sufrió represión por parte de la policía municipal.  En esa oportunidad tres integrantes de la Asamblea fueron demorados y se les inició causa judicial.

Mientras la asamblea no está activa, es decir movilizada en las calles, mantiene una continua comunicación, a través de la red, con sus miles de amigos, haciéndose eco- en forma permanente- de sus reclamos y problemas.

Este verano 2014, el intendente Paredi, con  poderes excepcionales otorgados por su mayoría de concejales, impuso un estacionamiento medido a lo largo de toda la franja costera de Santa Clara del Mar y en toda la costanera de Camet Norte. Se trata de un verdadero atropello recaudatorio que no viene a ordenar en nada el tránsito en nuestras villas balnearias. Existen dudas respecto a la empresa –que designó de manera unilateral el intendente- que explota este estacionamiento, respecto a la situación de los empleados contratados, también acerca de la cuantiosa recaudación (de la cual, según el propio intendente sólo doscientos mil pesos ingresarán al municipio), y del destino final de la abultada masa de dinero a recaudar durante el verano.

La Asamblea convoca a una primera concentración el 8 de enero de 2014 frente a la Delegación Municipal donde se entrega un petitorio para que sea elevado al intendente y al Concejo deliberante. En el mismo se reclama la derogación inmediata del cobro compulsivo del estacionamiento medido y se pedía la conformación de una comisión amplia, abierta, participativa y democrática (que incluyera a especialistas y profesionales) para estudiar un verdadero ordenamiento de tránsito. Nunca se tuvo una respuesta al mismo.

Tras las primeras protestas de la Asamblea contra este aparente fraude económico se logró que de un  precio fijo de veinticinco pesos, ya sea que se estacionara unos minutos o todo el día (¿?), tuvieran que intentar frenar la presión y descontento de vecinos y turistas a través de un falso fraccionamiento. Pasaron a cobrar diez pesos por la mañana y quince pesos por la tarde.

Una cuarta movilización en la que, de manera asamblearia –es decir entre todos los presentes- y tras esperar a los concejales del FPV en la Delegación Municipal de Santa Clara casi una hora para que explicaran sus motivos para haber votado a favor de este negociado que perjudica a Santa Clara y Camet Norte, se decide ir a los lugares donde suelen estar cada uno de los 3 concejales  oficialistas de Santa Clara (playa, comercio, centro cultural y un domicilio particular). Ninguno de los tres concejales apareció para dar explicaciones. Sin embargo esta protesta provocó una exagerada y malintencionada campaña de amedrentamiento por parte de funcionarios y concejales del FPV, en un claro intento por criminalizar la protesta social. Funcionarios del FPV y adláteres visitaron en sus domicilios o hicieron llamadas telefónicas a asambleístas para persuadirlos de que abandonen este reclamo. Dos días después de la movilización del 22 de enero (que durara tres horas) que incluyó, en su tramo final, un corte parcial de uno de los accesos a Santa Clara del Mar sobre ruta 11 (que difundiera en dos ediciones el noticiero de Canal 8 de TV, por todo Gral. Pueyrredón y región), en sesión extraordinaria, los siete concejales del FPV más el edil del FR votan una resolución indicando que harán una denuncia penal a los manifestantes, especialmente contra Jorge Gómez, adjudicándole cargos falsos. Asimismo comienzan una artera campaña de demonización del dirigente asambleísta a través de los medios afines al poder. La resolución que pretende judicializar a los manifestantes señala que también se procederá a acusarlos ante la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires por cuanto varios de ellos son docentes. Se aduce incumplimiento del artículo seis del  Estatuto Docente que se refiere a cierta “conducta y ética” que deben observar los docentes tanto dentro como fuera del servicio. Pero este artículo es de redacción tan general e imprecisa que en muchos casos se utilizó para enmascarar persecuciones y/o abusos de autoridad contra los docentes. El 27/1/14 los concejales del FPV hacen la denuncia  contra Gómez ante la dependencia policial de Santa Clara del Mar. El 29/1/14 dos uniformados se presentan en el domicilio de Gómez para solicitar sus datos personales.

Es de destacar el compromiso permanente de Gómez a favor de la escuela pública, como dirigente del SUTEBA y la CTA no oficialistas. Intervino en varias oportunidades, en los últimos años, defendiendo las escuelas donde trabaja, tanto en lo edilicio, mobiliario como impidiendo la quita de cupos de comedor escolar. Junto a padres y demás integrantes del Comunidad Educativa, frenando la prepotencia de Consejeros Escolares del FPV.

A través de estas denuncias se intenta acusar de utilizar medios de protesta violentos a los asambleístas que se manifestaron en forma pacífica y ordenada.  Con esta difamación que confunde a la población, estos funcionarios que posibilitan medidas totalitarias que perjudican a nuestras localidades y que atentan contra el pueblo, procuran devenirse en víctimas mientras que a quienes padecen los efectos negativos de su accionar y lo manifiestan, pretenden mostrarlos como victimarios. Más allá de esta campaña del FPV que intenta amordazar a los asambleístas, estos permanecen en estado de alerta y evalúan las próximas medidas a desarrollar.

La Asamblea, y Gómez en particular, cuentan con el apoyo y asesoramiento del dirigente del PSA de Mar del Plata, Doctor Eduardo Romanín.

 

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