Por Antonio Torrejón

En nuestra cultura se instaló la costumbre de mandar, que es incompatible con lo esencial de conducir, que requiere profesionalidad para liderar genuinamente. Dentro de esta nueva concepción, en un mundo competitivo que necesita soluciones eficaces en tiempo y forma, ya que hoy la democracia sirve si la acompañamos con participación, es decir, si se la acompaña en administraciones claves a través de los más representativos y capaces de la comunidad, encabezando estos grupos el nivel político, ya que para conducir el bien común elegimos al mayor nivel de autoridades.

Si los gobernantes aptos ayudan a crear variables participativas, creo que la democracia encontrará niveles profesionales que no puede pagar con cargos de la línea política. En la participación ciudadana argentina nos habituamos a que nos convoquen generalmente para integrar instancias asesoras, no vinculantes. Felipe González (estadista español contemporáneo) nos recuerda que la velocidad que imprime a nuestras vidas la revolución de las comunicaciones, nos obliga a crear herramientas que provean soluciones, en tiempo y forma. En lo que respecta al turismo, el estadista español subrayaba que al no tener posibilidades este sector terciario de almacenar productos, servicios, requiere como ninguna otra herramientas que lleven a transparentes soluciones, reivindicando por ello la vuelta a los patronatos de fomento turístico, actualizados, donde el Estado conduce lo político, pero con las entidades intermedias que viven de este moderno factor de desarrollo, lo institucionalizan con la mejor de las representatividad. Esta figura la actual Ley de Turismo de la Argentina, la impulsa como institutos mixtos de promoción turística.

Durante mucho tiempo impulsamos también en la Argentina comisiones asesoras, sin el compromiso vinculante, lo que terminó vaciando la instancia participativa. Ante la inoperancia y la inanición, producto no sólo de presupuestos en regresión, sino en gran parte por la poca capacidad gerencial de cierta clase política.

En el mundo cambiante y globalizado que vivimos, se requiere enriquecer las administraciones democráticas, dando mayor cabida al llamado tercer sector (asociaciones sectoriales, hoteleras, agentes, guías, entes mixtos de promoción turística municipal, etcétera) que en la democracia participativa y eficiente, es en realidad el primero, porque allí se resuelven los problemas de la gente, propósito fundamental de la verdadera política.

En la asamblea del Ente Patagonia Turística de 1985 en Comodoro Rivadavia, se decidió por unanimidad hacer la apertura al sector privado del turismo regional. Esta decisión quedo demorada ante un equilibrio del ¿cómo?

Hoy con las experiencias participativas.

De Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn, El Calafate, Trelew, Esquel, Smandes, ha llegado el momento de institucionalizar a estos destinos, que han demostrado una evolución y un moderno compromiso, que nos indica el “cómo…”.

Los gobernantes necesitan encontrar y convocar el máximo de materia gris, para poder ayudar en sus territorios a las personas que luchan por la subsistencia. Esto se agrava en contextos donde existen altos índices de desocupación que excluye a amplios sectores de participar activamente en la economía del consumo. De esto dan cuenta asociaciones de consumidores y usuarios que recogen reclamos que se incrementan día a día. Estas instituciones formales e informales, están llamadas a tomar un protagonismo cada vez más importante.

A la participación en la política y en lo socioeconómico hay que agregarle la influencia de cada persona con su cultura. Tal vez haya poca conciencia de este poder que reposa en cada ciudadano, pero los ratings no son un buen ejemplo para demostrarlo. Cada individuo tiene poder en una democracia entendida como modo de vida y no como una mera forma de gobierno o de encolumnamiento corporativo. Hoy nadie puede ser espectador pasivo de los hechos que le suceden, por lo menos en su sector. El mundo no se arregla en un café, ni se construye un nuevo país con diagnósticos que conocen hasta los más desmemoriados. Los problemas no se resuelven con los brazos cruzados o desparramando críticas que enferman el alma, sino con participación constructiva y responsable. Bien lo dijo Ortega y Gasset hace ya bastante tiempo: “argentinos… a las cosas”, a través de modelos posibles y que respondan a nuestra cultura y necesidad.

Por Antonio Torrejón

En los próximos años, los grandes lineamientos de los municipios de América Latina tenderán al desarrollo de las economías locales.

El desarrollo económico Local es la asunción, por parte de los gobiernos locales, del nuevo rol que deben representar en el marco de una estrategia de desarrollo global, que ha cambiado profundamente.

Venimos de un modelo de desarrollo que, vigente desde la postguerra hasta fines de la década pasada, se caracterizaba por ser una estrategia de industrialización intermedia autocentrada, sustitutiva de importaciones, con nivel protectorio elevado. La política institucional se fundaba en un centralismo donde el espacio de lo municipal era absorbido por el de la Nación. En ese marco, los municipios se encargaban de administrar servicios básicos y operar en los límites de la acción Estado-Nación, o de sus provincias.

Diversos factores como la deuda externa y tasas de interés, entre otros, hicieron que esta estrategia se agotara. En los ’90 comenzó a implementarse una estrategia de desarrollo cuyos lineamientos fueron la apertura de las economías, la disminución del papel del Estado, el surgimiento del mercado como categoría central de la organización social y una hegemonía de capital concentrada en los grupos económicos nacionales más importantes, los holding transnacionales y el capital financiero.

Esto determinó un cambio profundo en la orientación. De esta manera la economía se globaliza y los principios ordenadores de la dinámica socioeconómica pasan a ser la competitividad y la productividad. El Estado-Nación desaparece como el gran asignador de recursos, y la dinámica de puja entre sectores es reemplazada por otra, que plantea la necesidad de reconvertirse para subsistir.

Aquel Estado centralista del modelo anterior, que penetraba el espacio de lo municipal, se traduce en una política de descentralización de competencias, desde los niveles superiores del Estado hacia los inferiores.

En América Latina, estas políticas económicas han sido exitosas para corregir las desigualdades regionales, pero la estabilidad macroeconómica no debe ser el único parámetro para medir los resultados de la reforma. Si bien la estabilidad es un objetivo fundamental, resulta insuficiente para garantizar la innovación tecnológica y la organización de las Pymes y microempresas que conforman los sistemas productivos y el tejido empresarial de las distintas regiones del interior del país. Las asimetrías en la distribución del ingreso y las disparidades territoriales no se corrigen con reformas estructurales de la macroeconomía, ni con la disminución del papel del Estado. De este modo se concentran los nervios del crecimiento en sectores y regiones que acumulan la mayor parte de los beneficios y no los creadores intensivos del empleo.

El cambio debe gestarse mediante una estrategia que permita pasar de una política municipal definida centralmente, a otra que coloque el planeamiento, la decisión y los recursos en el nivel local. Así se cambia una línea de diseño de políticas vertical, cuyo vértice es el Estado-Nación, a otra horizontal, en la cual el municipio coordina, concerta y articula con los actores locales y otros municipios.

Las actividades y relaciones que se dan dentro de un espacio territorial, localidad, región y subregión, deben ser consideradas como agentes de transformación.

El proceso de articulación de las potencialidades de una localidad o comarca debe ser participativo, concertador y abierto. Esto implica una valorización del capital social, entendiendo que el potencial de las personas es el activo más importante del desarrollo de una comunidad.

Por otro lado surgen procesos de colaboración y asociación entre sectores públicos y privados, entre empresas, individuos, localidades y entre éstas y los entes territoriales de mayor alcance.

Procurar el desarrollo económico local exige un compromiso global de la sociedad e instituciones de todo orden. Para ello es necesario crear una nueva atmósfera económica, mediante una planificación cuidadosa que asegure la participación de la comunidad en el progreso, que incluye también lo social y lo cultural. Es imprescindible complementar los programas de estabilización macroeconómica con políticas que aseguren territorialmente el acceso a los servicios empresariales e infraestructuras especializadas, a fin de facilitar la innovación tecnológica y organizacional de las regiones.

El desarrollo económico local exige un compromiso global de los actores sociales y un abanico de instrumentos y políticas locales y regionales fundadas en una percepción integral y sistemática de la realidad. La descentralización y el diseño de políticas locales de desarrollo implican la necesidad de proceder a una reforma cualitativa del Estado en el nivel local, que es la referencia principal para la aplicación de las políticas públicas.

La administración municipal debe ser capaz de dar respuestas a demandas complejas de los diferentes agentes sociales locales. Esto requiere la concreción de un nuevo pacto social nacido de procesos de concentración. Articularlas y orientarlas hacia objetivos de desarrollo de la comunidad es el otro gran reto que deben afrontar. Las políticas distributivas no pueden ser la única respuesta a los desequilibrios sociales del modelo de desarrollo. Es necesario introducir la lógica del fomento de la producción local. Los gobiernos municipales deben armar el escenario para vincular a los actores, proveer ideas-fuerza para la concertación estratégica territorial, movilizar los recursos de la comunidad y adoptar al mismo tiempo un rol protagónico.