Ha quedado fijo en mi memoria el hecho de encontrándome en setiembre del año 1995 finalizando el curso de conducción superior en la Policía de la ciudad de Nueva York, se dio con camaradas de esa fuerza una conversación sobre las muertes de policías como consecuencia de actos del servicio, llamándome poderosamente la atención que pese a la imagen que las películas americanas nos han demostrado de la violencia diaria a que estarían sometidos en esa ciudad, a esa altura del año mientras que en nuestra policía ya redondeábamos los treinta efectivos muertos, en esa policía, con un numerario similar en cuanto a cantidad de efectivos, solamente contaban dos y no como consecuencia de un enfrentamiento, sino como producto de un accidente de tránsito, que, vale la pena aclararlo por nuestros pagos no se cuenta para las autoridades como acto de servicio.
Al hacerle notar tal circunstancia a nuestra detective anfitriona sintió curiosidad por las razones de la diferencia entre ambas cifras y se mostró aún mas sorprendida cuando le comentamos que en nuestro caso era obligación por ley de cualquier policía de enfrentar a los delincuentes aún en inferioridad de condiciones y sin tener la seguridad de un apoyo pronto y seguro, no pudiendo entender porque las autoridades no tenían en cuenta la seguridad del efectivo policial que en su caso no solamente no se lo obligaba, sin que específicamente se le prohibía.
En nuestro País, ni los casi treinta años de vigencia de la democracia, ni la existencia de innumerables organizaciones de las llamadas “de derechos humanos”, ni las materias que sobre el mismo tema se incluyeron en la currícula de los establecimientos policiales pero que paradójicamente no amparan a quién debe estudiarlas y practicarlas para con los demás, ni los grandilocuentes discursos políticos sobre “mas derechos para todos”, ni en el tratamiento de los temas de seguridad o policiales que pseudos especialistas desmenuzan día a día en los medios masivos de información, sobre todo en los de gran alcance, ni desde la sociedad hipócrita que pretende reclamar en el interés particular sobre la cuestión, han alcanzado para que el tema sea incluido en alguna agenda para que al menos y aunque mas no sea en una oportunidad se le ponga la atención que merece.
Solamente a manera de ejemplo podemos recordar que entre las víctimas policiales del corriente año se destacan claramente algunos casos en que bien podemos poner en duda si las víctimas policiales fueron solamente lo que un viejo periodista cuestionaba denominar como “caídos en cumplimiento del deber”, al asegurar que nadie y tampoco el policía debía morir para cumplirlo, o como lo hemos asegurado siempre desde APROPOBA, existieron otras responsabilidades, incluyendo una legislación anticuada, el desinterés por parte de la conducción superior de la institución y la indiferencia de la clase política dirigente en lo que hace a la vida o la muerte del ciudadano de segunda por su condición de policía, amparado por lo que desde siempre se ha dicho en cuanto a que “la sangre del policía seca rápido”.
El 27 de mayo murió el Teniente 1ro. EDUARDO ALBERTO SALVATIERRA, a quienes irresponsables condescendientes con el poder político habían condenado a muerte dejándolo de servicio para servir como tiro al pichón en una oficina de cartón prensado en la entrada a una villa.
El 28 de mayo pasado el Subteniente ARTURO RAÚL MUÑOZ REYES, debió concurrir solo a un llamado, sabiendo que no podía esperar apoyo alguno, llamado que no fue otra cosa que una artera trampa para asesinarlo por conocer sus martirizadores que no contaría con ayuda alguna. Hoy todavía no sabemos por lo menos públicamente si hubo algún avance en esa investigación.
Más cerca en el tiempo, el 18 de setiembre otro camarada, el Teniente MÁXIMO ENRIQUE CANSECO, en circunstancias similares murió a manos de los delincuentes concurrió solo a un llamado donde varios delincuentes en José C. Paz. También en este caso hay responsabilidades institucionales y políticas por lo ocurrido por quienes obligaron a este camarada como a tantos otros responder a llamados de emergencia solo y sin la cobertura oportuna de otros efectivos.
Pero si hay algo que verdaderamente se destaca aunque la prensa en general, especialmente los llamados grandes medios ha guardado oportuno y conveniente silencio es el caso del último camarada asesinado en Fuerte Apache el pasado 1ro. del corriente, a manos de un delincuente que estando ya detenido y atado con precinto plástico pudo zafarse, tomar un arma y efectuar un disparo que dio en la cabeza del custodio Sargento LUIS CEJAS, que murió inmediatamente, para ser a su vez abatido por otros compañeros.
Dos vidas, la de nuestro camarada y la del delincuente que debió haber seguido el trámite de la detención y enfrentar a la justicia, se perdieron en forma inexplicable al menos para quienes conocemos los procedimientos policiales. En vano incluso algún periodista “especialista en temas de seguridad” pretendió buscar responsabilidades hasta en el mismo compañero abatido cuestionando si el delincuente podía o no podía haberse zafado o roto el precinto, pero nunca se pregunto, ni tampoco nadie lo hizo y menos con ninguna autoridad sobre el uso de esa forma de seguridad que no obstante haberse impuesto por uso y costumbre, ya que ni siquiera dicho elemento forma parte de la dotación de un policía en la provincia de Buenos Aires.
Por supuesto nadie incursionó sobre el hecho de que ese recurso, barato y por lo tanto accesible a cualquier policía que lo adquiere de su propio peculio en la ferretería de paso, en paquetes o sueltos, sin considerar, marca, calidad ni tipo, como tampoco que el fabricante los produce para otros destinos que no son precisamente su utilización por la fuerza pública para limitar el movimiento de personas.
Nadie tampoco mencionó y menos dio el espacio a quién podemos hacerlo sin compromiso alguno de que aún bajo la influencia de los renombrados derechos humanos, (de los otros), la única forma reconocida por las fuerzas policiales en nuestro país son las conocidas esposas de muñecas, porque de haberlo hecho o preguntado al Ministro Casal cuando retenía las lágrimas ante tan desgraciado hecho, se podría haber conocido que tal elemento imprescindible para el trabajo policial no forma parte de la provisión normal y obligatoria de uso de cada efectivo policial, que las que existen no alcanzan y que la mayoría de las que se utilizan son propiedad de los mismos policías, renuentes por supuesto a que cuando las utiliza el preso sea trasladado con las mismas por carencia de otras y no las vuelva a ver.
El precio de un par de esposas ha costado en este caso dos vidas humanas, nada se ha dicho de ello ni al parecer se dirá, la clase política, Gobernador, Ministro, secretarios, subsecretarios, Jefe de Policía Virtual y de allí para abajo todos los tienen la obligación de que el policía cuente con este y otros elementos de seguridad para desempeñar con tranquilidad su trabajo guardan prudente silencio y por supuesto tampoco podemos esperar de que la parcialidad justicia de los bonaerenses busque un poquito más y adjudique a quienes corresponda las responsabilidades que les implica no solo el hacer, sino también el no hacer en cuestiones de tanta importancia para la vida de las personas.
A partir de esto y de otras razones por el estilo que hacen al trabajo policial, especialmente a la seguridad de sus trabajadores, sobre las que siempre ha demostrado interés APROPOBA, por entender que en estos temas y no solamente en el reclamo por el aumento de las horas CoReS o de los servicios adicionales, es donde debe centralizarse como principalísima cuestión la actividad sindical policial que sin ninguna duda más temprano que tarde será una realidad en nuestro país cuando se busque seriamente encarar la lucha contra la inseguridad que avanza incontenible.
APROPOBA, 5 de noviembre de 2012.
