La Oficina Anticorrupción (OA) pidió este viernes al juez Ariel Lijo que eleve a juicio oral la causa que investiga las irregularidades en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, por la que está procesado Amado Boudou. La entidad consideró que hay una gran “cantidad de elementos de prueba que corroboran las circunstancias configurativas de los ilícitos imputados”.
Boudou está acusado de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles. La sospecha del juez es que el ex vicepresidente fue quien compró la empresa a través del fondo The Old Fund en momentos en que era ministro de Economía de Cristina Kirchner.
Además de Boudou, en la causa están involucrados José María Núñez Carmona, Alejandro Vanderbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Brenner y César Forcieri.
La Justicia intenta determinar si Boudou y su socio presionaron para conseguir que, luego de la autorización en la AFIP que por entonces dirigía Ricardo Echegaray, se levante la quiebra de la compañía. Según surge del procesamiento, Boudou y Núñez Carmona habrían adquirido la empresa quebrada para contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial. En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.
“La instrucción se halla completa en relación a los hechos y los imputados, y en consecuencia, corresponde elevar la causa a juicio”, señaló la Oficina Anticorrupción.
La (OA) se sumó en febrero en la causa como querellante, figura que le permite proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio; y además, obligar al Tribunal a notificarle toda decisión trascendente a la causa. Desde entonces, uno de sus movimientos más fuertes en el caso fue requerir que se le tome indagatoria a Echegaray, al considerar que “facilitó con su intervención la maniobra delictiva”.
