Ciudad

Aseguran que este año se conocerá la sentencia de la causa Playa Chica

blankEl EMTUR respondió al pedido de informes requerido por la Comisión de Turismo sobre en qué instancia se encuentran las denuncias efectuadas por el ex concesionario de Playa Chica Gerardo Fernández. El ente informó que la única causa en la cual se encuentra demandado es la pretensión anulatoria de los actos administrativos que dieron lugar a la caducidad de la concesión, acción que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Acto seguido, dicho ente indicó que “la demanda se encuentra a la fecha en trámite de producción de prueba, estimando que probablemente durante este año se dicte sentencia de primera instancia”.

Con relación a otras denuncias o acciones judiciales que se encuentran en trámite, la titular del EMTUR, Gabriela Magnoler, sugirió a los ediles solicitar un informe a la Dirección de Asuntos Judiciales, aduciendo que el ente a su cargo no cuenta con información fehaciente acerca de la existencia y tramitación de dichas causas en las que no se encuentra demandado o ni denunciado.

La comisión resolvió reiterar el pedido de informes oportunamente requerido a la Subsecretaría de Legal y Técnica.

blankCabe recordar que el ex concesionario de la unidad turística, cuyo pliego de licitación se encuentra en tratamiento de  la comisión que preside el concejal Alejandro Carrancio, advirtió a los concejales respecto a  la responsabilidad que recaería sobre ellos en el supuesto que obvien “consignar expresamente en una clausula particular dentro del Pliego de Bases y Condiciones en el análisis las necesarias salvedades relacionadas con la posibilidad del dictado de un fallo que declare la nulidad del decreto de caducidad, y lo que es mucho más delicado aún, ordene la restitución de la unidad a este ex concesionario”.

Asimismo, insistió en que el Cuerpo exija explicaciones a la Directora de Recursos Turísticos, Mónica  Rábano, quien quedó en una situación comprometida por presunta adulteración y falsificación de  instrumento público, ante el hallazgo de nuevos elementos que permiten inferir una manifiesta intencionalidad de despojarlo de la unidad turística.

Roberto Latino Rodríguez

 

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