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Anunciaron nuevo paro bancario para el 8 de julio

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La medida de fuerza fue consensuada en el congreso gremial y será el martes 8 de julio en reclamo por la reincorporación de 36 empleados despedidos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. El 41 Congreso Nacional Bancario decidió hoy un paro general para el 8 de julio próximo en las entidades públicas y privadas y durante todo el horario de atención al público en demanda de “la inmediata reincorporación de los 36 trabajadores despedidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y la derogación del impuesto a las ganancias salarial”.

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, anunció la protesta del 8 de julio, decidida por unanimidad y, de forma previa, el personal realizará asambleas sorpresivas, con interrupción de tareas, entre el 2 y el 7 de julio, afirmo Palazzo.

Palazzo clausuró  el Congreso Nacional Bancario en la sede sindical de Sarmiento al 300, que deliberó durante tres días y ratificó “la continuidad y profundización del plan de lucha”.

El paro nacional del 8 de julio se realizará con concurrencia a los lugares de empleo y sin atención al público toda la jornada.

Los congresales repudiaron el fallo de la Corte Suprema estadounidense por coincidir con “los intereses de los fondos buitre”, ratificaron “la necesidad de producir las reformas financiera y tributaria” y reclamaron “la reincorporación de los 36 despedidos en Tucumán y la derogación de ganancias sobre los ingresos salariales, que tienen carácter alimentario”.

“Los bancarios repudian la vergonzosa negativa de la Corte de Estados Unidos a revisar el fallo del juez Thomas Griesa, que vulnera la soberanía argentina y pone en zozobra futuras restructuraciones de deudas de otras naciones”, señaló la “Declaración Final”, leída por el dirigente Andrés Castillo.

El Congreso propuso que una delegación de dirigentes de las centrales sindicales del movimiento obrero viaje a Washington con “una sola e inequívoca posición de rechazo del fallo” judicial.

Palazzo solicitó “la adopción de medidas complementarias para reactivar la economía y una reforma tributaria que no castigue a los trabajadores y recupere los aportes patronales” y ratificó “el compromiso del gremio con el reclamo de justicia en Tucumán”.

Entre las diversas resoluciones adoptadas se destacaron “el reclamo de cumplimiento en todos sus términos de las condiciones laborales vigentes; el rechazo a las tercerizaciones y que los bancos se hagan cargo -hasta su derogación- del pago del impuesto a las ganancias, equiparando con las compensaciones a todos los bancarios con quienes ya las perciben, sobre todo en las entidades financieras públicas”.

“Pero también en las privadas, en las que se materializan muchas veces en la adjudicación de diversos bienes o en el reconocimiento de gastos personales como propios de la empresa”, dijo Palazzo.

Los congresales denunciaron sobrecarga laboral en la actividad, ya que los bancos no contratan el personal necesario, e indicaron que uno de los factores de esa situación está relacionado con el trabajo con billetes de una denominación mayor (100 pesos) hoy insuficiente, obligando a recontar una cantidad inusual de moneda.

Al reclamar que una ley de servicios financieros los declare de carácter público, también demandaron la revisión de la normativa del Banco Central (BCRA), analizando con detenimiento “las relaciones técnicas exigibles a las entidades” financieras.

“Gran cantidad de personal que vende medios de pago, servicios bancarios o instrumentos financieros lo hace bajo relación de dependencia en empresas autocalificadas como comerciales o de la economía social, aunque tienen por actividad principal la financiera. No respetan condiciones laborales ni se ajustan a las regulaciones que la ley y/o el Banco Central determinan”, dijeron.

También señalaron que esa competencia desleal de grandes tiendas, todo tipo de comercializadoras -incluso vi a internet o telefónica, supermercados, cooperativas, mutuales, compañías financieras, receptorías de pago, administradoras de tarjetas de crédito o medios de pago, prestadoras de servicios u otras del circuito informal perjudica a la actividad económica productiva, a los trabajadores y a las propias entidades financieras.

Los congresales reclamaron una ley de servicios financieros que abarque a todos los sectores de la actividad y ubique a sus segmentos bajo la supervisión del Central, revisando la normativa de esa entidad con la participación de la Bancaria.

La medida de fuerza fue consensuada en el congreso gremial y será el martes 8 de julio en reclamo por la reincorporación de 36 empleados despedidos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. El 41 Congreso Nacional Bancario decidió hoy un paro general para el 8 de julio próximo en las entidades públicas y privadas y durante todo el horario de atención al público en demanda de “la inmediata reincorporación de los 36 trabajadores despedidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y la derogación del impuesto a las ganancias salarial”.

 

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, anunció la protesta del 8 de julio, decidida por unanimidad y, de forma previa, el personal realizará asambleas sorpresivas, con interrupción de tareas, entre el 2 y el 7 de julio, afirmo Palazzo.

Palazzo clausuró  el Congreso Nacional Bancario en la sede sindical de Sarmiento al 300, que deliberó durante tres días y ratificó “la continuidad y profundización del plan de lucha”.

El paro nacional del 8 de julio se realizará con concurrencia a los lugares de empleo y sin atención al público toda la jornada.

Los congresales repudiaron el fallo de la Corte Suprema estadounidense por coincidir con “los intereses de los fondos buitre”, ratificaron “la necesidad de producir las reformas financiera y tributaria” y reclamaron “la reincorporación de los 36 despedidos en Tucumán y la derogación de ganancias sobre los ingresos salariales, que tienen carácter alimentario”.

“Los bancarios repudian la vergonzosa negativa de la Corte de Estados Unidos a revisar el fallo del juez Thomas Griesa, que vulnera la soberanía argentina y pone en zozobra futuras restructuraciones de deudas de otras naciones”, señaló la “Declaración Final”, leída por el dirigente Andrés Castillo.

El Congreso propuso que una delegación de dirigentes de las centrales sindicales del movimiento obrero viaje a Washington con “una sola e        inequívoca posición de rechazo del fallo” judicial.

Palazzo solicitó “la adopción de medidas complementarias para reactivar la economía y una reforma tributaria que no castigue a los trabajadores y recupere los aportes patronales” y ratificó “el compromiso del gremio con el reclamo de justicia en Tucumán”.

Entre las diversas resoluciones adoptadas se destacaron “el reclamo de cumplimiento en todos sus términos de las condiciones laborales vigentes; el rechazo a las tercerizaciones y que los bancos se hagan cargo -hasta su derogación- del pago del impuesto a las ganancias, equiparando con las compensaciones a todos los bancarios con quienes ya las perciben, sobre todo en las entidades financieras públicas”.

“Pero también en las privadas, en las que se materializan muchas veces en la adjudicación de diversos bienes o en el reconocimiento de gastos personales como propios de la empresa”, dijo Palazzo.

Los congresales denunciaron sobrecarga laboral en la actividad, ya que los bancos no contratan el personal necesario, e indicaron que uno de los factores de esa situación está relacionado con el trabajo con billetes de una denominación mayor (100 pesos) hoy insuficiente, obligando a recontar una cantidad inusual de moneda.

Al reclamar que una ley de servicios financieros los declare de carácter público, también demandaron la revisión de la normativa del Banco Central (BCRA), analizando con detenimiento “las relaciones técnicas exigibles a las entidades” financieras.

“Gran cantidad de personal que vende medios de pago, servicios bancarios o instrumentos financieros lo hace bajo relación de dependencia en empresas autocalificadas como comerciales o de la economía social, aunque tienen por actividad principal la financiera. No respetan condiciones laborales ni se ajustan a las regulaciones que la ley y/o el Banco Central determinan”, dijeron.

También señalaron que esa competencia desleal de grandes tiendas, todo tipo de comercializadoras -incluso vi a internet o telefónica-, supermercados, cooperativas, mutuales, compañías financieras, receptorías de pago, administradoras de tarjetas de crédito o medios de pago, prestadoras de servicios u otras del circuito informal perjudica a la actividad económica productiva, a los trabajadores y a las propias entidades financieras.

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