La inquietud del concejal de la UCR, Fernando Rizzi, se hace eco de los reclamos expresados días atrás por la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO), quien se refirió a las consecuencias que esta actividad netamente recaudatoria provoca a la ciudad, sobre todo relacionadas con la disminución del flujo turístico por la amenaza que conllevan.
La ley Nacional Nº 25.650 establece la prohibición de uso del sistema de radar-foto para el control vehicular en las rutas nacionales como medición de velocidad de vehículos automotores de transporte público y privados, de carga, de pasajeros o de uso particular, cuando éste no cumpla con la reglamentación metrológica y técnica establecida por la Resolución N° 753/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
A raíz de la experiencia de los pasados fines de semana largos, donde los radares fotográficos registraron varias infracciones y los automovilistas recibieron en sus domicilios las multas pero no fueron informados en el momento, desde este Bloque se busca modificar la ley que instrumentó la radarización en las rutas de la provincia de Buenos Aires en defensa de la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos.
Con frecuencia los turistas que concurren a nuestra ciudad y los marplatenses que deben trasladarse por la Autovía 2 reciben multas por excesos de velocidad. En algunos casos se trata de infracciones que se cometen y deben ser sancionadas, pero en otros no, hoy una persona puede ir a 200 kilómetros por hora durante todo el trayecto y, más allá de ser fotografiado por todas las cámaras no es detenido, entonces no cumple un fin preventivo.
Ante este último tipo de situaciones, la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios señaló que “se trata de casos de ilegalidad manifiesta por parte del gobierno provincial” y explicó que “se confunde tendenciosamente las zonas urbanas con las semiurbanas al costado de la ruta, generando que el automovilista pierda de vista en cuales son los límites de velocidad para circular”.
La aplicación cada vez mayor de radares, que no son señalizados, también actúa como “cazabobos”, convirtiendo el espíritu principal de la Ley 11.430 en un fin recaudatorio, cuando en realidad debiera procurar aspectos fundamentales como la educación vial y programas de concientización de accidentología.
Desde la sanción de la Ley y sus correspondientes modificaciones, se otorgan a los municipios donde se cometió la infracción el 50% de los montos recaudados. Para la cámara “esto provoca que desde las comunas al costado de la ruta se destine más tiempo en perfeccionar mecanismos de captación de infractores en lugar de señalizar y explicar mejor las zonas urbanas y semiurbanas, con sus respectivas velocidades máximas. De hecho, es común ver al costado del camino cartelería con velocidades máximas que son violatorias de lo dispuesto en la Ley.
(Fuente: Prensa Rizzi)
